Castilla y León bajo sospecha

(Foto: Departamento de Biodiversidad de la Universidad de León)
Definitivamente, algo huele mal en la Junta de Castilla y León y, por ende, en el ministerio de Medio Ambiente. Hoy firmo en Público una artículo en el que se denuncia la creación indiscriminada de parques eólicos en toda la región, pero fundamentalmente en León. No es la primera vez que llamo la atención sobre lo que está pasando en la comarca, puesto que los cielos abiertos también se están encargando de arrasar con el hábitat del oso pardo y el urogallo.

En el caso concreto de los parques eólicos, existen más de una veintena de causas abiertas, respaldadas por la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León y hata ocho grupos ecologistas -Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza URZ, Ecologistas en Acción, Plataforma para la Defensa de Gistredo, GEDEMOL, Tyto Alba, Filón Verde y A Morteira-. Y es que, tal y como se detalla en Saco Verde, las cifras de molinos en la Comunidad supera los 5.000 aerogeneradores, de construirse los parques con licencia y terminarse lo que están ya levatándose.

Pero, además de ser la comunidad que más parques eólicos tiene de España, al tiempo que la que más ZEPAs tiene (más de un quinta parte de toda su superficie), ¿qué es lo que huele a chamusquina en la Consejería de Medio Ambiente? La respuesta es sencilla: que sus declaraciones de impacto ambiental no contemplen el hábitat del urogallo o que su Plan para la Recuperación del Urogallo Cantábrico se dejara fuera áreas críticas para la especie y, después, se construyeran parques eólicos. En Saco Verde se explica también la fragmentación de los parques que, inexplicablemente, tolera la Junta de Castilla y León.

Esto nos lleva directamente a ¿por qué ninguno de los parques supera los 50 megavatios? Dos razones: si lo superaran, no podrían acceder a las ayudas -ojo, estamos hablando de las grandes eléctricas, como Unión Fenosa, Iberdrola, u otras empresas como Gamesa, entre otras-. Según datos de la Consejería de Economía y Empleo, la potencia instalada de los 161 parques en funcionamiento ronda los 3.900 megavatios, es decir, unos 24 megavatios de media por parque. Paralelamente, si superan los 5 megavatios, la declaración de impacto ambiental dependería del ministerio de Medio Ambiente, y no de la Junta cuyas acciones sugieren connivencia.

Y, como guinda: ¿por qué cuando llamé a la Consejería de Medio Ambiente rechazaron hacer declaración alguna y, al preguntarles el motivo, contestaron un simple "porque no"? ¿Por qué el presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL) tampoco quiere ponerse al teléfono?

Saquen su propias conclusiones.