La 'Acción Social' que pagamos los españoles
La clase política en España ha pasado a ser un problema más que una solución. En concreto, el tercer problema que más preocupa a los españoles, tras el paro y los problemas económicos, según revelaba hace unos días el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si yo fuera político, desde luego, me lo pensaría dos veces y haría acto de conciencia. No es el caso, precisamente.
Expansión informa hoy de uno de los muchos privilegios -inmerecidos e injustificables, a todas luces- de que gozan algunos políticos y funcionarios: la 'Acción Social'. Bajo esta engañosa denominación se esconde entre el 0,5% y el 1% de los presupuestos ministeriales para costear los más diversos asuntos. Por ejemplo y esto son casos reales, un sepelio, las becas para que los hijos de los funcionarios realicen cursos de inglés, el alquiler de la vivienda habitual o, incluso, la reserva de hoteles en primera línea de playa. Estamos hablando, sólo para el hoteles playeros, de la nada despreciable cifra de más de 2,5 millones de euros.
Mientras el Gobierno reduce entre un 5 y un 15% el sueldo a los funcionarios, éstos mantienen privilegios como los 120.000 euros destinados a sufragar las vacaciones de los empleados de la DGT o los más de 2 millones de euros para pagar el alojamiento estival a la Guardia Civil. Es inaudito, intolerable, rayando la llamada a las barricas, a la revolución social, aunque esto es un sueño por lo adormecida que se encuentra la sociedad. El inconformismo se ha apoderado de la ciudadanía y su poder de reacción está por los suelos, a pesar de que hay motivos de sobra terminar de una vez por todas con la degeneración política heredada de una Transición elevada a un pedestal cuando, en realidad, no sólo hay sobrados motivos para avergonzarnos de ella sino que, además, padecemos todavía hoy la herencia de sus trapos sucios. Que fuera necesaria es una cosa y que fuera realmente como nos han querido dibujar otra muy distinta. Demasiadas cosas deshonestas escondidas bajo la mesa...
Superada esa etapa, construyamos cuanto antes una Democracia en mayúsculas, porque lo que ahora tenemos está muy lejos de eso. Ojalá los ciudadanos pudiéramos aplicar la reforma laboral a nuestros políticos. Ojalá, siquiera, nos dieran verdaderas ganas de hacerlo, pero ni eso.
Expansión informa hoy de uno de los muchos privilegios -inmerecidos e injustificables, a todas luces- de que gozan algunos políticos y funcionarios: la 'Acción Social'. Bajo esta engañosa denominación se esconde entre el 0,5% y el 1% de los presupuestos ministeriales para costear los más diversos asuntos. Por ejemplo y esto son casos reales, un sepelio, las becas para que los hijos de los funcionarios realicen cursos de inglés, el alquiler de la vivienda habitual o, incluso, la reserva de hoteles en primera línea de playa. Estamos hablando, sólo para el hoteles playeros, de la nada despreciable cifra de más de 2,5 millones de euros.
Mientras el Gobierno reduce entre un 5 y un 15% el sueldo a los funcionarios, éstos mantienen privilegios como los 120.000 euros destinados a sufragar las vacaciones de los empleados de la DGT o los más de 2 millones de euros para pagar el alojamiento estival a la Guardia Civil. Es inaudito, intolerable, rayando la llamada a las barricas, a la revolución social, aunque esto es un sueño por lo adormecida que se encuentra la sociedad. El inconformismo se ha apoderado de la ciudadanía y su poder de reacción está por los suelos, a pesar de que hay motivos de sobra terminar de una vez por todas con la degeneración política heredada de una Transición elevada a un pedestal cuando, en realidad, no sólo hay sobrados motivos para avergonzarnos de ella sino que, además, padecemos todavía hoy la herencia de sus trapos sucios. Que fuera necesaria es una cosa y que fuera realmente como nos han querido dibujar otra muy distinta. Demasiadas cosas deshonestas escondidas bajo la mesa...
Superada esa etapa, construyamos cuanto antes una Democracia en mayúsculas, porque lo que ahora tenemos está muy lejos de eso. Ojalá los ciudadanos pudiéramos aplicar la reforma laboral a nuestros políticos. Ojalá, siquiera, nos dieran verdaderas ganas de hacerlo, pero ni eso.
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