Discapacidad al poder
Este fin de semana firmo en El Digital de Madrid una entrevista a Juan Carlos Martínez García, secretario de Servicios Sociales y Salud del PSOE de Rivas Vaciamadrid. Al margen de dibujar las líneas estratégicas del programa político del PSOE, que ambiciona terminar con uno de los últimos de los grandes feudos de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, la entrevista llama la atención sobre una realidad en la que pocas veces reparamos: la discapacidad.
Ni siquiera voy a mencionar la Ley de Dependencia; me enfocaré en que ni siquiera, hoy por hoy, es sencillo que una persona con discapacidad pueda elegir a sus representantes políticos con los mismos derechos que una persona sin discapacidad. Y eso es muy duro. No poder emitir tu voto secreto o ni siquiera poder acceder a pie de urna es propio de una sociedad que nada debería tener que ver con la española. Pero sucede.
Pero aún es peor: como el propio Martínez García apunta, la Administración española tampoco está preparada para que una persona con discapacidad pueda ejercer en igualdad de condiciones la función pública si es elegido en las urnas. Lo que ocurrió con Manuel Fraga durante los actos de conmemoración del 23-F le podía haber ocurrido perfectamente a Francisco Vañó (PP), el primer y único diputado con discapacidad (parapléjico) en la historia de la Democracia española.
Y aunque tengamos otros casos en Administraciones locales o regionales, no es suficiente. El Estado debe poner -y exigir- todos los medios necesarios para que una persona con discapacidad disfrute de igualdad. Y esta igualdad, no existe. Y no es sólo misión de las personas con discapacidad, también los es de quienes no la tenemos.
Y si ahora tienen una idea más clara de lo complejo que puede resultar a una persona con discapacidad acceder a las grandes esferas, imaginen si, además, esta persona es mujer o LGTB (Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual).
Queda mucho camino por recorrer.
Ni siquiera voy a mencionar la Ley de Dependencia; me enfocaré en que ni siquiera, hoy por hoy, es sencillo que una persona con discapacidad pueda elegir a sus representantes políticos con los mismos derechos que una persona sin discapacidad. Y eso es muy duro. No poder emitir tu voto secreto o ni siquiera poder acceder a pie de urna es propio de una sociedad que nada debería tener que ver con la española. Pero sucede.
Pero aún es peor: como el propio Martínez García apunta, la Administración española tampoco está preparada para que una persona con discapacidad pueda ejercer en igualdad de condiciones la función pública si es elegido en las urnas. Lo que ocurrió con Manuel Fraga durante los actos de conmemoración del 23-F le podía haber ocurrido perfectamente a Francisco Vañó (PP), el primer y único diputado con discapacidad (parapléjico) en la historia de la Democracia española.
Y aunque tengamos otros casos en Administraciones locales o regionales, no es suficiente. El Estado debe poner -y exigir- todos los medios necesarios para que una persona con discapacidad disfrute de igualdad. Y esta igualdad, no existe. Y no es sólo misión de las personas con discapacidad, también los es de quienes no la tenemos.
Y si ahora tienen una idea más clara de lo complejo que puede resultar a una persona con discapacidad acceder a las grandes esferas, imaginen si, además, esta persona es mujer o LGTB (Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual).
Queda mucho camino por recorrer.
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