480 actas y el tufo a corrupción

Algo en la Junta de Andalucía huele mal, muy mal. Y ni siquiera me refiero a las supuestas comisiones que recibió el hijo del vicepresidente Chaves -que a día de hoy, aún no sabemos qué hace en el Gobierno- y del que comienzan a circular documentos con cierto carácter probatorio. Me refiero al asunto de los EREs fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía, ese en el que el PP ha despotricado tanto y mal que al final parece una más de sus pataletas, o una de esas acusaciones infundadas de las que es tan amiga Dolores de Cospedal aunque luego, a la hora de la verdad, plante al juez.

Pero no. No parece una acusación infundada más. Y es que el hecho de que la jueza de instrucción Mercedes Alaya esté encontrando tantos obstáculos para acceder, simplemente, a las actas de los consejos de Gobierno (las 480 que hay desde 2001) ya es mala señal. La colaboración con la Justicia en este caso por parte del Gobierno socialista ha brillado por su ausencia y sorprende esta resistencia porque, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se entregan las actas? Es una reflexión sencilla, aplastante.

Y, lógicamente, no resulta en absoluto descabellado que esta resistencia sugiera a la jueza que Griñán, el presidente de la Junta, pudiera estar modificando las actas a su gusto, quitando de aquí y de allá todos los borrones de corrupción, esos que empañan el mapa de España. Las cifras del los EREs fraudulentos asustan, pero más aún la desfachatez con que se gestó todo: "En el fútbol los amigos me comentaron que la Junta daba ayudas individuales y a empresas. Y me acerqué a pedir una porque estaba en el paro"; así explica su caso uno de los beneficiados de estos EREs, José Antonio García, exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla).

Si el PP es inteligente, dejará que el proceso judicial siga su curso, puesto no parece que la jueza Alaya se achante ante las corruptelas. La opinión pública se encargará de darle el rédito político que, en este caso, bien merece. Si el PP es listo y no se le calienta la boca a sus habituales Pons, Sáenz de Santamaría y Cospedal, las urnas hablarán por sí solas, en municipales primero y en autonómicas después -por no hablar de las generales-. Pero si el PP no se pone bravucón, sobre todo, teniendo en cuenta que no está para tirar cohetes, precisamente, en esto de la corrupción. Lo que parece evidente, cristalino, es que en Andalucía  el feudo socialista tiembla y quién sabe si la revelación de esas 480 actas podrían hacerse tambalear, incluso, a alguno en Moncloa.

Mapa de la Corrupción en España