De nuevo, el empresario primero

Las sucesivas reuniones que ha venido manteniendo el Gobierno con las grandes empresas del país, ignorando al 90% del tejido empresarial español -que, básicamente es pyme, además de los autónomos- y los efectos de la reforma laboral, que no ha contribuido precisamente reducir la temporalidad, han hecho se dirijan muchos dedos acusadores hacia la Administración Zapatero. Y no es para menos, pues su apoyo al gran empresario y al bancario está fuera de discusión, en un claro agravio contra la pyme. La justificación es que son los grandes los que ayudarán a la creación de empleo, pero la realidad, con ejemplos como Telefónica, es muy distinta.

Ahora, el Gobierno se dispone a aprobar nuevas medidas para combatir el empleo sumergido, para atajar a esa cifra indeterminada que el Estado nunca ha sido capaz de fijar y qué, además de lastrar la economía del país, es una violación de un derecho fundamental de nuestra querida Constitución. Sin embargo, las nuevas medidas que se contemplan suponen cierto retroceso respecto a la situación actual, pues en caso de coger in fraganti a una empresa, las sanciones son menores: en lugar de tener que contratar indefinidamente al empleado, con la nueva ley tan sólo tendrá que hacerlo 6 meses. Incluso, hay una período de 2 meses de indulto, puesto todos los empresarios que tengan ahora trabajadores en negro, podrán contratarles en ese plazo sin sanción alguna.

Bien es cierto que se amplía el alcance de la responsabilidad del empresario-mirando a sus subcontratas- pero, en caso de delito, no parece que caiga todo el peso de la ley sobre el delincuente, dejando en cierta situación de indefensión al explotado. Como ya sucediera con la reforma laboral, muchos ven en la nuevas medidas contra el empleo sumergido un nuevo retroceso social del que difícilmente nos recuperamos para cuando queramos salir de la crisis. Y en eso, ciertamente, tienen razón, porque todos los derechos sociales que perdamos ahora por el camino, no se recuperarán de la noche a la mañana y, de hecho, puede llegar a acentuar las diferencias sociales. Lo más preocupante es que si estos retrocesos se producen con la izquierda, siempre concebida como peor gestora precisamente por sus políticas sociales y de igualdad, ¿que sucederá cuando llegue una derecha dispuesta a enderezar los libros de contabilidad, que tradicionalmente es más amiga de impulsar a las élites, al empresario y clases más acomodadas?
Pronto lo sabremos.