Humberto Leal, toda una vida ilegal
"He hecho daño a mucha gente. Admito la culpa de todo. Siento todo lo que hice". Son las últimas palabras de Humberto Leal antes de ser ejecutado por inyección letal en Texas. En su último aliento, ya bajo los efectos de las Texas y, por extensión EEUU, ha violado la Convención de Viena con esta ejecución, al no permitir que Leal, condenado a muerte por la violación y asesinato de una joven de 16 años, pudiera recibir ayuda del consulado de México. Resulta curioso que ediciones de 'periódicos serios' como The Washington Post informan de cómo los familiares de Leal quemaron una camiseta con la bandera de EEUU en Guadalupe (México) antes que de la violación de la Convención de Viena. De hecho, ni siquiera informa de la existencia de esta convención.
Y es que Texas es el gran baluarte de la pena de muerte en EEUU, pues tiene el deshonor de haber ejecutado a más de 460 personas desde que esta pena se implantó en el país. Prácticamente supone el 40% de todas las ejecuciones de EEUU desde 1977 y, según Aministía Internacional, envueltas en prácticas de "arbitrariedad, la discriminación, los frecuentes errores y la inevitable crueldad de esta obsoleta práctica".
El actual gobernador de Texas, Rick Perry, tiene el dudoso honor de haber firmado más de 200 ordenes de ejecución desde que tomó posesión del cargo, en 2001. Aunque se desmarca de algunos de sus preceptos, en los últimos años Perry se ha posicionado como hombre fuerte del Tea Party, venerando a Bush, claro está, y proclamándose enemigo de la inmigración ilegal.
Y Humberto Leal era ilegal. Lo curioso del asunto es que llegó al país con 2 años y murió con 38. Toda una vida de ilegal a la que el gobernador conservador firmó su fin. Perry podía haber detenido la ejecución, pero no levantó ni un dedo. La pregunta es, ¿podría haberlo hecho Obama, que manifestó su oposición a la ejecución? En realidad, no. Aunque parezca mentira, el propio Bush ya intentó parar esta ejecución en 2008, pero el Tribunal Supremo lo impidió, alegando que el Gobierno federal no puede forzar a los Estados a acatar leyes de la Corte Pental Internacional.
El asunto es mucho más grave de lo que los propios norteamericanos quieren ver. Y la ONU. Y el resto de la Comunidad Internacional.
David Bollero
Periodista freelance
Sin comentarios