Detenciones políticas

Tras lo sucedido ayer, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está más que cuestionado en su cargo. Al menos moralmente, algo que en los tiempos que corren cotiza a la baja en el panorama político. La decisión de la Audiencia Nacional de no tomar declaración a los 35 detenidos durante el 25-S tras leer el atestado policial es un varapalo para la mano dura de Fernández Díaz. Y lo es porque, al no haber incluido ni una sola mención a los delitos contra altos organismos de la nación, como quería el ministro -y por  eso se vanagloriaba de que hubieran sido enviados a la Audiciencia Nacional-, se evidencia que se trata de detenciones políticas.

Una evidencia, por otro lado, que apesta a injusticia por las irregularidades y falta de transparencia que se destila de cabo a rabo. Todo desprende un tufillo represor con la firma de Fernández Díaz, fiel a su estilo retrógrado y, para muchos, antidemocrático. Empezando por el hecho de que los abogados hayan tenido que presentar el habeas corpus para que los detenidos no superaran las 72 horas en los calabozos sin haber sido puestos a disposición judicial.

A ello tenemos que sumar toda una lista de actuaciones cuando menos sospechosas por su falta de rigor. A pesar de que desde la Audiciencia Nacional no se vió delito contra ninguna institución del Estado, desde los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid sí se les imputa el artículo 494 del Código Penal, que contempla este delito. Dicho de otro modo, el Gobierno se ha sacado de la manga un último recurso para devolver de nuevo a los acusados a la Audiencia Nacional. Ese es, pues, el cargo con que han salido en libertad 34 de las 35 detenidos.

Hay más. Se llegó a solicitar la prisión preventiva para cuatro de detenidos. ¿Qué sentido tiene? ¿Es que se van a fugar? ¿Es que van a organizar un motín nacional? Finalmente, sólo se dictó ésta para uno de los detenidos, bajo fianza de 1.000 euros. Lo curioso de todo, tal y como nos cuentan los compañeros del Periódico Diagonal, es que cuando sólo quedaba un acusado por nombrar (éste), la fiscal recibió una llamada telefónica. Al regresar a la sala, fue cuando se anunción que el detenido iría a prisión, a pesar de que no tiene antecedentes ni ningún otro delito extra respecto al resto de los detenidos, que han quedado en libertad con cargos (at. 494).


No es cuestión de ideologías, ni de colores políticos, ni de nada por el estilo. Es cuestión de Justicia y, objetivamente hablando y con las leyes en la mano, Fernández Díaz lo ha vuelto hacer. Como ya hiciera -y admitiera con insultante desfachatez- con las detenciones de Barcelona, se ha forzado el ordenamiento jurídico hasta el límite, tanto que podría ser incluso ilegal. Y de confirmarse, la dimisión del ministro es de cajón y sólo para empezar, porque estaríamos asistiendo a la confirmación de detenciones políticas en plena (supuesta) democracia.

Mañana 29-S, nueva convocatoria para rodear el Congreso. Que el Gobierono se encomiende a la Virgen del Pilar...