Estado penal

Andrés Muñiz firma hoy un interesante artículo en Público en el que expone cómo la propia magistratura considera que la reforma del Código Penal emprendida por Alberto Ruiz-Gallardón es extremadamente represora. Según exponen desde Jueces para la Democracia, con el nuevo texto hemos pasado "de un Estado social a un Estado penal", maximizando la estrategia del miedo, de la intimidación e, incluso, de la violencia policial legalizada.

Con esta filosofía de "castigar a quien no me apoya", la delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ya ha sancionado a más de 300 activistas desde el pasado mes de julio. Nadie en su sano juicio puede estar convencido de que todos esos centenares merecían multas (y muchos de ellos una buena tanda de porrazos), más aún después de ver cómo se fuerza continuamente el ordenamiento jurídico, como se evidenció en la causa del 25-S.

El próximo 23 de octubre, con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ya hay convocada una nueva concentración para rodear el Congreso y, cuatro días después, otra manifestación en Madrid. ¿Qué hará ahora el Gobierno? ¿Volverá a desplegar toda su artillería represora, con el cuerpo de antidisturbios como su máximo exponente? ¿Calentará el ambiente en los días previos, como hace el portavoz del PP en el Congreso comparando con Batasuna a los padres que protestan contra el atentado a la Educación de Wert?

El Gobierno ha emprendido un peligroso camino, pues en lugar de tender puentes de diálogo con la ciudadanía -como es su deber-, ha preferido acallarla a base de porrazos, multas, amenazadas y, en definitiva, de criminalizar las protestas crean nuevas leyes para poder hacerlo. Y esa estrategia es peligrosa porque, lejos de reducir el número de indignados, de anti-sistema que detestan el modelo impuesto y defendido por el PP, lo que hace es incrementarlo exponencialmente, acumulando en su seno mucho más ingenio del que hay en el lado represor.