El ministro Soria nuclear

Si no le agrada una ley, ¿por qué incumplirla? Se cambia y listo. Eso mismo es lo que viene pensando este Gobierno, cuyos decretazos han deteriorado de manera dramática el ya de por si estado enfermizo de nuestra democracia. En breve vamos a poder asistir a otro de estos caprichos legislativos, con la central nuclear de Garoña como escenario. Desde que José Manuel Soria llegara al ministerio de Industria, Energía y Turismo siempre ha tenido claro que la energía nuclear era parte de su mantra, en detrimento, claro está, de las renovables, a las que ha arrinconado.

Sin embargo, Soria quedó en el más absoluto e los ridículos después de que, tras revocar el cierre de la central nuclear -que tendría que haber cerrado en julio del año que viene-, sus responsables, Endesa e Iberdrola, dejaron pasar el plazo para solicitar la prórroga que el ministro les había conseguido hasta 2019. No le gustó un pelo al canario y, a pesar de que hoy mismo comparece en el Congreso la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, para dar cuenta del plan de cierre de Garoña, Soria  ya ha activado los mecanismo para saltarse la ley.

De nuevo, hay que revocar la orden y buscar algún resquicio por el que poder solicitar aún la prórroga, a pesar de que el plazo terminó en septiembre. "Forzar el ordenamientoi jurídico" que diría el retrógrado Fernández Díaz o, sencillamente, "cambiar la ley a capricho" por ajustarnos más a la realidad. La desfachatez es tal, que incluso se ha planteado la posibilidad de ajustar la vida últil de Garoña descontando las paradas técnicas en las que la central está sin actividad. Dicho de otro modo, como si a usted le preguntan la edad y descuenta las horas de sueño, vaya.

¿Cuándo tocara techo este Gobierno con su vulneración del Estado de Derecho? Es preocupante, mucho, porque el deterioro de nuestro marco legislativo que está teniendo lugar confima aquellas teorías progresistas que sostienen que para el neoliberalismo, la democracia no es más un instrumento para acumular riqueza pero, de encontrar una vía más rápida y eficaz para seguir enriqueciéndose, no dudará en prescindir de ella. Y el PP no deja pasar un sólo día sin constatar esta realidad. Que el propio ministro de Justicia esté muerto para las asociaciones de jueces y fiscales ya es suficientemente significativo.