Genocidio económico

El Gobierno del PP (cada vez más sobra decir 'Gobierno') ha vuelto a demostrar de qué calaña está hecho. Gracias a una enmienda en la ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, tanto los presidentes como los miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro intervenidas y que han perdido el control de sus bancos no tendrán que dar explicaciones ante las asambleas de sus respectivas entidades.

Así lo desvela hoy la Cadena SER, aunque obvia un detalle: esta enmienda fue aprobada con el apoyo de CiU y el beneplácito del PSOE. A fin de cuentas, ambos son cómplices en los desfalcos bancarios a que nos han sometido las cajas de ahorro, sobre todo éstas nacionalizadas. No son lo únicos partidos, claro, puesto en los consejos de administración de las cajas pincharon todos, incluso IU aunque ahora se muestre muy dura con el rescate a la banca en lugar de a los ciudadanos.

La medida es una prueba más de cómo se está resolviendo esta crisis: el objetivo primordial no es salvar al pueblo, sino mantener los privilegios de la élite económica a costa de lo que sea, incluidos los derechos y el bienestar ciudadano. Ya lo dejó muy claro la última reforma del Código Penal a manos de Ruiz-Gallardón, en la que se endurecen las sanciones por protestas ciudadanas hasta, prácticamente, equipararlas a terrorismo de Estado, mientras no se tocaron los delitos por corrupción económica y política. Lamentable.

Lo más penoso de todo es que el PP ni siquiera está teniendo el tacto o la inteligencia de barrer para casa sin machacar al ciudadano ni siquiera cuando puede. Su manera de gobernar es un genocidio económico y el modo en que imparte justicia, una venganza.