Qatar, la esclavitud del petrodólar

Qatar es un pequeño estado del Golfo Pérsico - ni siquiera alcanza los 12.000 kilómetros cuadrados de extensión-, una ex colonia británica que se independizó en 1971 y que desde 1995, cuando el jeque Hamad Al Thani depuso a su propio padre tras un Golpe de Estado, ha vivido una etapa de aperturismo comercial. Así lo atestiguan sus numerosos Acuerdos de Libre Comercio y de Promoción y Protección de Inversiones suscritos con media Europa, China, Corea, India o Cuba entre muchos otros.

Gracias a sus enormes reservas de hidrocarburos se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo (más de 170.000 millones de dólares de PIB), creciendo a ritmos que superan el 15%. En 2011, el FMI le declaró el país más rico en términos de PIB per cápita, con una tasa de desempleo inferior al 1%.

Así las cosas, no sorprende que muchos de los países occidentales cuyas economías han sido golpeadas en su línea de flotación tras el estallido de la burbuja inmobiliaria estén mirando a los países del Golfo y sus petrodólares. Más aún con el horizonte que abre ante sí la celebración del Mundial de Fútbol en 2022 en términos de generación de nuevas infraestructuras. España no es una excepción y empresas del IBEX 35 como OHL o Iberdrola, así como otras constructoras como la alicantina Ecisa, ya se encuentran trabajando en la región (aunque ante la invitación de participar en este reportaje optaron por el silencio como respuesta).

Si el sector de la construcción ya absorbe el 40% del empleo según la Oficina de Estadística de Qatar, con las obras planificadas la cifra se disparará: las previsiones hablan de inversiones por encima de los 125.000 millones de dólares en los próximos seis años. Un aeropuerto internacional, cuyo coste rondará los 7.000 millones de dólares; un puerto marítimo de 5.500 millones de dólares y más de 20.000 millones en nuevas carreteras y autopistas son sólo algunos de los proyectos en cartera. A ello hay que sumar, además, los 12 nuevos estadios ecológicos que se levantarán, superando los 32.000 millones de dólares.

Con este potencial de negocio para empresas extranjeras no sorprende que la sombra de la sospecha sobre la elección de Qatar como sede del Mundial 2022 haya aparecido. La revista francesa France Football publicaba hace unos días lo que ha denominado el Qatargate, esto es, la supuesta compra de votos del Emirato para hacerse con la Copa del Mundo. Según señala la publicación gala, Michel Platini, presidente de la UEFA, habría votado a favor del país del Golfo a cambio de acuerdos con el Gobierno francés, extremo que ha negado el propio Platini. No hay que olvidar que, cómo el Emirato reconoce, entre sus principales socios comerciales se encuentra Francia, junto a Japón, Corea del Sur, EEUU y Singapur.

Más del 90% de la fuerza de trabajo, inmigrante
Más allá del evento deportivo y la posible corrupción en su entorno, el crecimiento explosivo de Qatar hace que el país demande una gran cantidad de mano de obra. Tanto es así, que se estima que el número actual de trabajadores inmigrantes supera el millón de personas, lo que se traduce en más del 90% de su fuerza de trabajo. Esto explica, en gran parte, el significativo aumento de su población en los últimos años, pues en 2007 apenas superaba los 900.000 habitantes frente a los actuales 1,7 millones de los que únicamente 300.000 son ciudadanos qataríes. La cifra podría dispararse aún más, pues ya se habla de la necesidad de 1 millón más de mano de obra extranjera para afrontar el boom de infraestructuras.

Pabellón en un campo de trabajo (Sam Tarling/HRW)

A pesar de que desde el Gobierno qatarí se sostiene que “el Estado está comprometido con el mantenimiento de los estándares internacionales en materia laboral para hacer de Qatar uno de los mejores lugares para trabajar y vivir”, la realidad es bien distinta. La legislación de Qatar no sólo no contempla un salario mínimo sino que considera ilegal la constitución de sindicatos o la convocatoria de huelgas.

Dicho de otro modo, los intereses de los trabajadores no encuentran protección alguna ante los abusos de las empresas, sobre los cuales el Gobierno qatarí mira hacia otro lado. De hecho, Qatar tiene a gala pertenecer a organismos como el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial de Comercio o el Consejo de Cooperación del Golfo y, en cambio, jamás ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU.

En este sentido, una de las voces más críticas con el país del Golfo es la Confederación Sindical Internacional (CSI), que en numerosas ocasiones ha denunciado la dramática situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde la CSI, su secretaria general, Sharan Burrow, alarma sobre el hecho de que sólo en 2012, el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de Qatar recibió 6.000 quejas por parte de trabajadores, una cifra que sería muy superior si los trabajadores que no hablan ni inglés ni árabe pudieran acceder al proceso de presentación de quejas.

En este sentido, Ambet Yuson, secretario general de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, asegura que “muchos trabajadores soportan la explotación por miedo a las represalias” y lamenta que “el Gobierno no se asegure de que sus 150 inspectores de trabajo cumplan con su cometido”.

Uno de los principales problemas de la legislación laboral qatarí se encuentra en su sistema de kafala, esto es, que ningún trabajador extranjero puede conseguir visado si no está patrocinado por su empleador. Burrow afirma que “los empleadores tienen un control casi absoluto sobre los trabajadores con este sistema, puesto que son sólo ellos los que deciden sin un trabajador puede cambiar de empleo, abandonar el país o quedarse en Qatar”.

A pesar de que el Gobierno estableció el año pasado una comisión para examinar las reglas de este sistema de visados de patrocinio, no se ha producido ningún avance significativo. El empleado continúa sin poder cambiar de trabajo sin el consentimiento de la empresa e, incluso, según denuncia HRW, ni siquiera pueden abandonar el país pues es la empresa la que concede el visado de salida. Arabia Saudí, donde ansían operar grupos empresariales españoles como Spanish Gulf Project –acaba de abrir oficinas- es el otro país del Golfo en el que todavía se exige un visado de salida para poder abandonar el país.

Benjamín Cruz (Equal Times)

Benjamín Cruz es un técnico de aire acondicionado filipino que, sin embargo, ha tenido que desarrollar trabajos que nada tenían que ver con lo ofrecido inicialmente, desde carpintero, fontanero, mecánico y, en los últimos tiempos, cortador de mármol. A los cuatro meses de iniciar el trabajo, en julio de 2011, la empresa decidió rebajar su sueldo sin previo aviso de 440 dólares mensuales a 275. “Decidí llevarlo a los tribunales”, explica Cruz, y cuando se produjo la primera vista, en febrero de 2012, el empleador no se presentó. Un mes más tarde, “la empresa me retiró el pasaporte y me prohibió ir a ninguna parte, ni siquiera al hospital”. Cruz ha tardado 17 meses en recuperar su pasaporte.

Esta es una de las prácticas habituales de las empresas en Qatar, a pesar de que desde la OIT la confiscación de pasaporte se identifica como uno de los indicadores de trabajos forzados. A estas medidas hay que sumar las falsas promesas por parte de los contratistas y los patrocinadores sobre la naturaleza y el tipo de trabajo, el incumplimiento de las obligaciones de los empleadores en cuanto a salarios y condiciones laborales; la violación de los contratos firmados antes de que el trabajador abandone el país de origen y el endeudamiento de los trabajadores con contratistas o prestamistas que exigen unos honorarios abusivos.

Narayan Nepali, es un electricista de 25 años que trabajó durante casi tres años en Qatar: “A los nepalíes se nos trata como esclavos. El día que llegamos nos confiscaron el pasaporte. Estábamos obligados a trabajar más de 12 horas, bajo un sol abrasador, y había trabajadores que caían al suelo, desmayados”.


Nepali denuncia las nulas medidas de seguridad que existen en los trabajos y lo ilustra recordando cómo un amigo suyo cayó de un andamio con una carretilla de desechos y murió. Desde su punto de vista, “las autoridades qataríes deben darse cuenta de que los trabajadores inmigrantes han desempeñado una función muy importante en el desarrollo del país y, por lo tanto, deberían pagarles mejor, tratarles con más respeto”.

Otra práctica habitual en las empresas que operan en el Emirato y contratan mano de obra inmigrante es hacerles pagar las tarifas de contratación, a pesar de que legalmente son responsabilidad del empleador. Tarifas que se mueven entre los 726 y los 3.651 dólares, muy lejos del alcance de los inmigrantes que se ven obligados a solicitar préstamos con tasas de interés abusivas, lo que les ata aún más a su explotador. “Si no pago mi deuda”, dice Mahmud N., un trabajador de 27 años de Bangladesh que debe casi 3.300 dólares, “echarán a mi familia de casa”. Dinesh P., un nepalí de 20 años, se encuentra en las mismas circunstancias. Junto a otros 15 compañeros que quieren dejar el empleo afirma que “nos sentimos estafados, no es el empleo que esperábamos”.

Campo de trabajo en Qatar (Equal Times)

Sarah Leah Whitson, directora de HRW en el Oriente Medio, apunta que “tanto el Gobierno de Qatar como las compañías de la industria de construcción tienen que asegurarse de que son los empleadores, y no los trabajadores pobres, quienes pagan estas tasas de reclutamiento. Hasta que el Gobierno no refuerce seriamente sus leyes para asegurarse que son los empleadores quienes las pagan, e impone sanciones ejemplares a la compañías que miran a otro lado, el problema no desaparecerá”.

Mientras, Himal K., un nepalí de 18 años, admite que “no nos quejamos porque si lo hacemos por cualquier cosa, la compañía nos castiga”.

Campos de trabajo inhumanos
Asimismo, otro de los puntos más negros en el panorama laboral de Qatar se encuentra en la obligación que imponen las empresas a los trabajadores inmigrantes de vivir en campos de trabajo precarios y abarrotados, durmiendo hasta una docena de personas en la misma habitación, sin ventilación, en un país donde la temperatura puede llegar a superar los 50 grados centígrados con tasas de humedad del 60%.

Uno de los colectivos de inmigrantes más maltratados es el nepalí. Tal y como señala Equal Times, se estima que mueren al año alrededor de 200 trabajadores nepalíes en Qatar, algo a lo que desde el Emirato no se da ninguna publicidad.

Pralhad Acharya es asistente de fontanero y, tras su paso por Qatar, sostiene que “sólo el 10 por ciento de las empresas son correctas, el otro 90 por ciento no son honradas”. Acharya tenía “muchas esperanzas en la Copa del Mundo de 2022, en que las empresas serían correctas y que volvería a casa con dinero. Sin embargo, la empresa para la que trabajaba no era buena”. El fontanero relata cómo “me encontré con jóvenes que no habían comido durante tres días porque no les habían pagado”.

Inmigrantes en Qatar (Sam Tarling/HRW)

Lo mismo le sucedió a Tika Bahadur Kamal, un jornalero con cinco hijos, que llegó a Qatar “pensando que podía ganarme la vida, pero la empresa me pagó dos meses de salario y luego dejó de pagarme durante once meses”. Intentó recuperar su dinero en los tribunales pero fue imposible: “después de haber pagado la costas judiciales –para lo que tuvo que pedir un préstamo-, me quedé sin el dinero. Sobreviví un mes comiendo solo papas cocidas”.

Sharan Burrow advierte de que, dado que “a lo largo de los próximos meses se van a anunciar las licitaciones para la construcción de los nuevos estadios e infraestructuras para la celebración de la Copa del Mundo, estamos advirtiendo a las multinacionales que vayan a participar en estas licitaciones de que cumplan el derecho internacional y respeten los derechos de los trabajadores”.

Las esperanzas de que esto ocurra, a la luz de lo vivido hasta ahora, son escasas. Basta mirar una de las innumerables historias de los inmigrantes que han perdido la vida en Qatar. Chirari Mahato tenía 51 años cuando, el año pasado murió en uno de los campos de trabajo qatarí. Trabaja para la empresa Al Hasan Transport que, curiosamente, ha participado en el proyecto estrella de OHL en Doha: la construcción del Centro Médico y de Investigación Sidra por el que recibió más de 900 millones de euros.

Kabiraj Chaudhary, compañero de Mahato en la empresa, relata cómo trabajaban de seis de la mañana a siete de la tarde. Mahato trabajaba en un garaje, limpiando y distribuyendo mercancías, “en una habitación sin ventilación, con mucho calor”. Tras la dura jornada laboral, dormían varios en la misma cama en una habitación si aire acondicionado, donde “costaba mucho respirar”. Una mañana, Mahato no despertó; había muerto.

“Cuando se llevaron el cuerpo nos prohibieron ir al hospital Ahmad donde descansaban sus restos”, recuerda Chaudhary. “Solicitamos a la compañía una compensación para la familia, pero nos dijo que no recibiría nada, puesto que había muerto mientras dormía”. Nicholas McGeehan, investigador en Qatar para HRW, ha vivido de primera mano el drama inmigrante de Qatar y su conclusión es demoledora: “Nadie tiene interés en la demanda de derechos para estos trabajadores, mezcla de la ignorancia de la gravedad y la magnitud del problema, de la indiferencia hacia estos trabajadores y de la apabullante riqueza de Qatar y sus intentos exitosos de presentarse como progresista”.