Gallardón, el censor

Si algo ha demostrado Alberto Ruiz-Gallardón en los meses que han transcurrido de legislatura es que nunca fue trigo limpio. Hubo tiempo, en su paso por Madrid, primero como presidente de la Comunidad y después como alcalde de la capital, que consiguió engañar a algunos, hasta el punto de hacer famosa la frase "Gallardón tendría que estar en el PSOE como Bono en el PP". Nada más lejos de la realidad (la parte de Gallardón), pues en estos últimos meses ha mostrado su verdadera cara: su ultraconservadurismo sólo está a la altura de su gusto por la demagogia.

Su padre estaría orgulloso de él. Ya saben, aquel íntimo del ministro franquista Fraga que según salió de interponer una demanda en el Tribunal Constitucional contra el aborto se marcó el famoso "y con esto y un bizcocho, esta noche me emborracho". Albertito ha seguido sus pasos y se ha convertido en el azote del feminismo y el batallador contra el aborto, cuestión sobre la que Rajoy siempre ha pasado de puntillas. El actual ministro de Justicia se ha autoerigido como el tutor de la mujer, jactándose de saber mejor que ella misma lo que le conviene, eliminando su derecho a decidir sobre una cuestión tan importante.

Ahora, pretende hacer lo mismo con la judicatura, ese Tercer Poder tan molesto que no ha querido someterse a los planteamientos de Gallardón. Ese colectivo en pleno que se ha opuesto a las tasas judiciales por entender que restringen y dificultan el acceso a la Justicia a muchos ciudadanos y mientras, en un gesto de pura demagogia (lo contrario sería de pura estupidez), el ministro lo presentó como una protesta egoísta por recortes salariales.

Consciente de que el grueso de la ciudadanía apoya a los magistrados y se oponen a las extravagancias de Gallardón, éste ha impuesto la ley de silencio: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que "los Jueces y las Asociaciones Judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados".

Dicho de otro modo, que un juez no podrá hacer ningún tipo de valoración ni sobre asuntos judiciales abiertos ni sobre sentencias firmes. Gallardón vuelve a pisotear nuestra Constitución y su artículo 20 que establece la libertad de expresión... incluso, choca frontalmente con lo que se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de hacerlo, ¿se habrá emborrachado -aunque no pruebe el cannabis- como presumía su padre?