El banco malo de las autopistas

Peaje de la AP6, de Abertis (Abertis)

Ya hay quien lo ha definido como "una dación en pago, pero a lo bestia". Las gestoras de las autopistas, que en su día se forraron literalmente con la obra de infraestructuras públicas, ahora las declaran en bancarrota y, en lugar de asumirlas, se las quitan de en medio colocándoselas al Estado. Y es que, en este modelo capitalista, es más importante salvaguardar la cuenta de resultados de las grandes multinacionales que la vivienda de los ciudadanos. Por eso la dación en pago no es igual para todos.

Lo el Gobierno de Rajoy planea hacer con las autopistas es, en esencia, la gran trampa neoliberal: nacionalizar las pérdidas al tiempo que se privatizan las ganancias. Dicho de otro modo, proteger a las compañías y la élite empresarial a costa de todo, incluso, de la ciudadanía. Es así de crudo, puesto que eximir a las constructoras y gestoras de autopistas de su responsabilidad y trasladándo ésta al bolsillo del contribuyente debería ser ilegal.

Sin embargo, no lo es, a pesar de que esas mismas empresas a las que se acude a salvar son las que copan el IBEX 35, las que se suponen que llevan la Marca España del uno al otro confín y participan en conferencias internacionales a través del Consejo Empresarial para la Competitividad calificando a nuestro país de "tierra de oportunidades". Claro que lo es, pero sólo para ellos, puesto que sus intereses priman sobre el bienestar del pueblo.

Y es que la realidad es tan cruda que se puede dibujar con cifras, puesto que algunas de las compañías que nacionalizan sus líneas de negocio con pérdidas (en el global siguen con beneficios) son multinacionales como Abertis, cuyo presidente, Salvador Alemany, se subió su sueldo un 47% en pleno estallido de la crisis y actualmente se levanta más de 3,6 millones de euros al año. Otros, como el galáctico Florentino Pérez de ACS siguen subiéndose el sueldo en plena crisis, ganando más de 4,4 millones de euros anuales.

Con todo, el cúlmen de la desfachatez, de la ruindad con la connivencia del Gobierno reside sobre otro directivo: José Manuel Entrecanales, que es capaz de simultanear un ERE que afecta a más de 1.100 trabajadores con su sueldo anual de 6,35 millones de euros.

Justificar lo que el Gobierno está haciendo con las autopistas es imposible porque, en realidad, es injusficable. Tan simple como eso, aunque al Ejecutivo le resulte indiferente, aunque obvie las incoherencias que ello implica. Forma parte del modelo que se está implantando en Europa y que en España se quiere inocular a todos los segmentos de la sociedad, desde la Educación a la Sanidad. La gran pregunta es cuánto tardará en provocar un enorme estallido social, uno de tales dimensiones que comparado con el impagable 15-M hará de éste una simple chiquillada.