#CazadeBrujas: Represión y complicidad

Vitoria, noviembre de 1980. Grupos de ultraderecha, con Fuerza Nueva (FN) a la cabeza, provocan graves incidentes en la Universidad de Vitoria. El balance de los altercados deja, entre otros, a un herido de bala en un muslo. Entre los detenidos (junto a activistas de extrema-derecha como jefe nacional de Fuerza Joven) figura José Antonio Gallego García (Madrid, 1954), inspector del Cuerpo Superior de Policía con destino en el Grupo Operativo de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid que, a pesar de estar fuera de servicio, porta una pistola Walter. Como resultado de ello, es suspendido de empleo y sueldo y se le incoa expediente disciplinario.

33 años después de aquel incidente, Gallego, ahora reconvertido en historiador y estudioso del Carlismo -uno de los pilares de FN, el partido de Blas Piñar-, imparte una ponencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Paradójicamente, el título de esta ponencia es "Policía, ¿herramienta del Estado?", dentro del I Ciclo de Conferencias Francisco de Vitoria organizadas por el Foro Universitario del mismo nombre y del que se hizo eco la Fundación Nacional Francisco Franco.

El Foro Universitario Francisco de Vitoria es el mismo que se ha presentado como víctima inocente de una agresión a manos de grupos de extrema-izquierda. Agresión por la que ayer la Policía Nacional montó una operación que terminó con varias detenciones. Este Foro Universitario niega relación alguna con ideología fascista y condena la agresión que asegura haber sufrido y que algunas informaciones niegan rotundamente.

Diversos movimientos de activistas de izquierda convocaron ayer una concentración en la comisaría de Moratalaz como protesta por unas detenciones que consideran una #CazaDeBrujas, esto es, un aperitivo de la Ley de Seguridad Ciudadana que hoy llega al Congreso y que está llamada a convertirse en una nueva medida represora del Gobierno de Rajoy. No en vano, algunos de los detenidos ni siquiera habrían estado en los actos de protesta donde la Policía les sitúa el pasado 20 de noviembre.

Durante la concentración de Moratalaz se produjeron cargas policiales contra los cerca de 400 asistentes que en ningún momento antes de la carga mostraron gesto violento alguno (según las informaciones publicadas y testimonios de testigos, puesto que desde la Delegación de Gobierno no se ha ofrecido información alguna salvo que a los once detenidos se les imputan los delitos de delitos de resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad).

¿Qué está sucediendo? Aportar una explicación clara no resulta sencillo, fundamentalmente, por la falta de transparencia del Gobierno, lo que por otro lado da que pensar. Los hechos objetivos, sin embargo, nos dicen que en los últimos tiempos las Fuerzas de Seguridad del Estado han llegado a escoltar manifestaciones fascistas, que se ha condecorado a agentes que han participado en operativos donde el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza ha brillado por su ausencia (brutalidad policial, hablando en plata) o que se ha indultado a quienes, incluso, habían sido condenados por cometer torturas.

¿Ley de Seguridad Ciudadana? Me temo que no. Es algo más y nos retrae varias décadas atrás, a los tiempos que algunos como Gallego García -y seguramente otros ministros del actual Ejecutivo- añoran. La pregunta es, ¿habremos de combatirlos del mismo modo que entonces?