El PP impulsa en pleno la injusticia universal

El Partido Popular (PP) hizo gala ayer de su moral esclerótica y votó a favor de la proposición de ley para limitar la jurisdicción universal regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Dicho de otro modo, el PP impuso una vez más su rodillo parlamentario para impedir que los Derechos Humanos (DDHH) se impongan al dinero, al capital.

De este modo, ya no habrá juez español que pueda hacer justicia en causas como los genocidios cometidos en Tíbet o en el Sáhara Occidental, el asesinato de José Couso, los bombardeos de la Flotilla de Gaza o las torturas en los campos de concentración nazis o en Guantánamo, entre muchos otros.

¿Cuál es la justificación que esgrime el PP para negar esta justicia universal? Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, fue muy claro a la salida del Pleno al sugerir que este tipo de acciones judiciales obtienen poco resultados reales y, por el contrario, generan muchos conflictos diplomáticos.

Como telón de fondo, las amenazas veladas del Gobierno chino, que llegó a hablar de “consecuencias negativas”, por iniciar el proceso por el genocidio del Tíbet. Unas consecuencias que se traducen en dinero, en rebaja de las inversiones en España o de las importaciones chinas. Una táctica ya empleada con Noruega, cuyas exportaciones de salmón a China han caído significativamente tras otorgar el Premio Nobel de la Paz al activista Liu Xiaobo en 2010.

El PP en general y el Gobierno de Mariano Rajoy en particular, no quieren absolutamente ningún factor externo –ni interno- que pueda amenazar la aparente mejora económica, aunque para ello tenga que sacrificar DDHH o constitucionales. En pocas palabras, viene a aplicar y hacer oficial la doctrina del Sáhara, al resto de los crímenes internacionales: Evitar la justicia si ello puede traer problemas diplomáticos con quienes perpetran esos crímenes.

Tanto es así, que causas como la abierta por el juez Pablo Ruz tras el hallazgo de dos fosas comunes en Samra (Sahara Occidental) parecen tener sus días contados. No conviene enfadar a Mohamed VI, ahora que la economía atraviesa momentos de suma fragilidad y los movimientos migratorios viven un repunte en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Renunciar a un ideal como la justicia universal es una muy mala noticia para la ciudadanía. No hay dinero que pague eso. Y lo más triste de todo, es que nadie esperaba nada mejor del PP, que ya hace tiempo que renunció a la justicia nacional.