Felipe VI y sus malos humos
Lamentablemente, la realidad es bien distinta y aunque Felipe VI se empeñe en dibujar un Gobierno español comprometido en la lucha contra el cambio climático la verdad es que su reino está lleno de malos humos. Si miramos más allá de lo que lo hacía la información de RTVE, es decir, del último informe de Eurostat, veremos que España no sólo no ha cumplido con el Protocolo de Kioto sino que, además, le ha costado la friolera de más de 800 millones de euros en la adquisición de derechos de emisión.
Vayamos por partes: ¿Qué establecía exactamente el Protocolo de Kioto? Tomando 1990 como referencia (año base), los países que suscribieron el protocolo debían reducir sus emisiones de CO2 en unas cantidades concretas. Así, por ejemplo, la Unión Europea debía hacerlo en un 8%, aunque cada país tenía distintas cuotas de reducción. En nuestro caso concreto, como también sucedía con países menos desarrollados como Portugal o Grecia, ni siquiera se nos obligaba a reducir las emisiones, pero sí a no aumentarlas por encima de un porcentaje. El de España era un 15%, bastante menor que el 25% de Grecia o el 27% de Portugal. Por el contrario, otros países más industrializados tenían que compensar estas subidas para poder llegar al objetivo europeo del 8% y, así, Alemania o Dinamarca tenían que apretar su cinturón de emisiones en un 21%. Pues bien, al final del ciclo que concluía en 2012, nos hemos pasado en nada menos que 138,42 millones de toneladas de CO2, es decir, que respecto al año base 1990 hemos incrementado nuestras emisiones en un 24,5%.
Y, con todo, nos podemos dar con un canto en los dientes, porque debido al aumento de paro, la explosión de la burbuja inmobiliaria o la caída en picado en la venta de automóviles las emisiones también han descendido. En el año 2004, punto álgido de la era Aznar con sus millones de empleos creados al calor del ladrillo, nuestro aumento de emisiones de CO2 superaba el 53% respecto a 1990.
¿Verdad que la noticia que destacaba la web de RTVE ya se ve con otros ojos? En cuanto al compromiso de España en la lucha contra el cambio climático, éste también es más que cuestionable. Como ejemplo, el informe de WWF en el que se describen de manera cristalina algunos de los puntos negros. Adivinen qué sector es el que más emisiones de CO2 emite a la atmósfera: el energético, mucho más, incluso, que el transporte por carretera. De hecho, tal y como describe WWF, en el año 2012 el 78% de las emisiones provino del sector energético. Dentro de este sector, sólo la generación de electricidad supuso el 23,5% de las emisiones ese año y es que, de 1990 a 2012, sus emisiones se incrementaron más de un 25%.
Como contrapunto de esa fuente de contaminación, encontramos las fuentes de energía renovables, especialmente la solar y la eólica, que fueron capaces de evitar cerca de 200 millones de toneladas de CO2 entre 2008 y 2012. ¿Y qué hace nuestro Gobierno para fomentarlas? En realidad poca cosa, pues tal y como afirma el experto en la materia Javier García Breva, "no sólo no contamos con una ruta energética sino que, además, sufrimos una gran inseguridad jurídica". Se refiere el experto al incumplimiento de las directivas europeas de energías renovables y a la elevada incertidumbre regulatoria que se cierne sobre las inversiones en renovables. Dicho de otro modo, que donde más más posibilidades existen (y a menor coste) de reducir las emisiones de CO2, es el propio Gobierno el que lo está impidiendo.
Y así nos va, teniendo que contentarnos como hace nuestro rey Felipe VI con que estamos cumpliendo "con gran esfuerzo de todos" los objetivos de gases de efecto invernadero fijados para 2020... corriendo sobre el Protocolo de Kioto un tupido velo de humos negros.
David Bollero
Periodista freelance
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