Cuando el criminal está en nuestro lado de la valla

No hizo falta siquiera que llegara al ministerio del Interior para saber que era indigno de ostentar cualquier cargo público; ya lo demostró previamente. Jorge Fernández Díaz, aquel al que llamaban en cierto círculos catalanes 'El Pato', no desaprovecha ninguna ocasión para hacer gala de su vileza, profundo sentido antidemocrático y escaso respeto por los Derechos Humanos.

Hoy lo ha vuelto ha demostrar, cuando se ha sabido que el Gobierno pretende legalizar las devoluciones en caliente de los inmigrantes en Ceuta y Melilla. Las mismas devoluciones que ya en su día tuvo la desvergüenza de llamar "rechazos en frontera". Las mismas devoluciones a las que Fernández Díaz quiso maquillar de legalidad asegurando que mientras no se superan las dos vallas metálicas o la misma valla humana de la Guardia Civil no se está en suelo español. Entonces, ¿de quién es ese suelo, ministro? ¿A quién pertenece? Y, si no es de España, ¿por qué las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan con total impunidad?

Y sí, digo con total impunidad porque, a pesar de que su labor no resulta sencilla, en demasiadas ocasiones vemos a través de los vídeos difundidos por ONG cómo se abusa de la fuerza y se violan los Derechos Humanos más esenciales. Vemos cómo no se respeta, incluso, el Derecho Internacional -como ya se encargó de recordar Bruselas- y el propio nacional, pues la Ley de Extranjería prohibe tajantemente este tipo de prácticas, las llame el indigno ministro del Interior como las llame.

Ahora, Fernández Díaz pretende legalizar las devoluciones en caliente mediante una enmienda en su infame Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué legalizar algo que, en su opinión, ya era legal? Y de nuevo, otro matiz del ministro más amigo del 'color gris' de lo que fuera deseable: El traspaso de la valla de un inmigrante no es un acto consumado de haber cruzado la frontera, según él. ¿Cuántos metros hace falta caminar por suelo español para que sí sean actos consumados? ¿Cuentan los metros que se recorran en volandas, inconsciente debido al maltrato policial, como vimos la semana pasada en el vídeo de Prodein? ¿O volverá a criminalizar a las ONG por difundir esta realidad tan incómoda para su cartera?

Así defiende "ESPAÑA" el Ministerio del Interior (2) (Asociación Pro.De.In. Melilla)

Los criminales en esta cuestión no son las ONG, ni tampoco los pobres inmigrantes llevados por la desesperación, a los que ni siquiera se les pregunta antes de devolverles en caliente si lo que quieren es pedir asilo por estar amenazados en sus países. No; los criminales se encuentran en el poder, desde la cabeza misma del ministerio del Interior, al director de la Guardia Civil y, por supuesto, algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ellos son los que se han manchado de sangre las manos, sobre cuyos currículos deberá permanecer para siempre la muerte de, como poco, aquellos 15 inmigrantes masacrados en la playa de El Tarajal, desde cuya posterior gestión llena de mentiras y encubrimientos, por cierto, se ha desplazado a la Guardia Civil en favor de la Policía Nacional en las fronteras. ¿Objetivo? Proteger a otro rey de la mentira y la ineptitud, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, amigo íntimo de Mariano Rajoy al que han desplazado al agujero en el que nuestro presidente esconde la cabeza cada vez que hay que dar la cara por asuntos peliagudos.

Estos son los verdaderos criminales, los que impiden que los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) sean transparentes y se vea cómo son tratados realmente allí los detenidos -que no tendrían por qué estarlo-; los mismos que llegan a acuerdos con compañías como Air Europa para realizar los vuelos de la vergüenza, es decir, las deportaciones masivas de inmigrantes a los que para sacarlos del país se les seda como a animales si es preciso. 

Y mientras todo esto sucede, España saca pecho por haberse gastado más de un millón de euros en su campaña para entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Es así como ahora se defienden los Derechos Humanos? ¿Legalizando a placer las malas prácticas que al Gobierno de turno le convienen? Si es así, Fernández Díaz, vaya preparándose para una desobediencia civil cada vez más masiva, porque su ley, no es la Justicia.