Federico Trillo, demandado por acoso laboral
María Teresa Hernández García, la ex secretaria social del embajador de España en el Reino Unido e Irlanda del Norte, Federico Trillo, está decidida a llevarle a los tribunales para demostrar el acoso laboral del que asegura fue víctima. Aunque la demanda se presenta contra la resolución del Subdirector General de Personal, el escrito presentado deja claro que todo ello fue promovido por el embajador de España en el Reino Unido e Irlanda del Norte, Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde (en la foto superior, de Joana Saramago, junto al presidente de Telefónica, César Alierta, en una gala de la Cámara Española de Comercio en Londres).
La exempleada reclama, entre otras demandas, su readmisión –aunque en un puesto de trabajo diferente para evitar conflictos- y una indemnización de 30.000 euros por haber sufrido grave menoscabo en sus derechos fundamentales y libertades públicas.
Las acusaciones vertidas contra Trillo –antes las que la embajada en Londres guarda silencio- son muy graves pues, no sólo incluyen el acoso laboral y un despido nulo sino, además, que éste “se ha tramitado en su mayor parte, y resuelto, encontrándome de baja por incapacidad temporal debido a éstos problemas laborales que me provocaron episodios de ansiedad y depresión”.
Según explica Hernández García en su demanda, el arranque de su pesadilla laboral habría comenzado desde la misma toma de posesión del cargo por parte de Trillo en mayo de 2012. Es durante ese período cuando la demandante asegura que el comportamiento del embajador fue “totalmente contrario hacia mi persona”, lo que la llevó “a caer en baja laboral por estrés y ansiedad y recibir tratamiento farmacológico y psicológico”.
Sin embargo, los momentos más tensos se produjeron después de que Trillo incorporara a su equipo en la embajada a Julia de Micheo, diputada del Partido Popular por Alicante, que jerárquicamente se situaría por encima de la demandante, asumiendo, no sólo buena parte de las funciones que le eran propias sino, además, evitando compartir la información tanto con la secretaria social como política, según denuncia Hernández García.
Precisamente esta ocultación deliberada de información por parte de Micheo, tal y como describe el escrito de la demanda, provocaba una falta de control de las agendas de Trillo quien, en lugar de culpar a su asistente personal cargaba contra el resto del equipo.
Sin embargo, los momentos más tensos se produjeron después de que Trillo incorporara a su equipo en la embajada a Julia de Micheo, diputada del Partido Popular por Alicante, que jerárquicamente se situaría por encima de la demandante, asumiendo, no sólo buena parte de las funciones que le eran propias sino, además, evitando compartir la información tanto con la secretaria social como política, según denuncia Hernández García.
Precisamente esta ocultación deliberada de información por parte de Micheo, tal y como describe el escrito de la demanda, provocaba una falta de control de las agendas de Trillo quien, en lugar de culpar a su asistente personal cargaba contra el resto del equipo.
Cambio al consulado
Dado el clima de tensión con situaciones, incluso, en las que Hernández García describe cómo el embajador “me dijo, entre gritos, que estaba harto de mí, que cuando acabase todo se vería si conservaba el puesto de trabajo”, ésta solicitó en varias ocasiones un cambio de puesto de trabajo, algo que desde la cancillería se le negó.
Tras diversas situaciones de enfrentamiento y la negación de Trillo a hablar con la secretaria social, ésta relata que puso su “puesto de trabajo a su disposición” solicitando de nuevo “que me cambiaran a otro departamento”. La demandante cuenta cómo Trillo contestó que “así no se van a arreglar las cosas”, “que él lo negaría siempre” y “que lo pensara bien porque tenía una familia en la que pensar”.
Poco después conseguiría un cambio de puesto en la cancillería –tras habérsele negado en el Consulado-, si bien allí no mejoró su situación. Al parecer, el expreso deseo de Trillo de que no ocupara cargo allí llevó a los responsables a no asignarle ninguna función, a pesar de que el resto de compañeros estaba sobrecargado de trabajo. Hernández García cuenta que cuando en enero de 2013 llegó el nuevo canciller, José González Oviedo, éste “repartió las tareas propias de la oficina entre los compañeros de la cancillería, pero a mí no me asignó tareas específicas aludiendo a que no me consideraba miembro del equipo y que posiblemente en un mes me marcharía de allí”.
Dado el clima de tensión con situaciones, incluso, en las que Hernández García describe cómo el embajador “me dijo, entre gritos, que estaba harto de mí, que cuando acabase todo se vería si conservaba el puesto de trabajo”, ésta solicitó en varias ocasiones un cambio de puesto de trabajo, algo que desde la cancillería se le negó.
Tras diversas situaciones de enfrentamiento y la negación de Trillo a hablar con la secretaria social, ésta relata que puso su “puesto de trabajo a su disposición” solicitando de nuevo “que me cambiaran a otro departamento”. La demandante cuenta cómo Trillo contestó que “así no se van a arreglar las cosas”, “que él lo negaría siempre” y “que lo pensara bien porque tenía una familia en la que pensar”.
Poco después conseguiría un cambio de puesto en la cancillería –tras habérsele negado en el Consulado-, si bien allí no mejoró su situación. Al parecer, el expreso deseo de Trillo de que no ocupara cargo allí llevó a los responsables a no asignarle ninguna función, a pesar de que el resto de compañeros estaba sobrecargado de trabajo. Hernández García cuenta que cuando en enero de 2013 llegó el nuevo canciller, José González Oviedo, éste “repartió las tareas propias de la oficina entre los compañeros de la cancillería, pero a mí no me asignó tareas específicas aludiendo a que no me consideraba miembro del equipo y que posiblemente en un mes me marcharía de allí”.
Carrusel de expedientes
La situación llegó a resultar tan tensa, que Hernández García optó por solicitar en abril de 2013 el inicio del protocolo de actuación frente a acoso laboral, remitiendo su denuncia al subdirector general de Personal. Una denuncia, por otro lado, que terminaría siendo desestimada por el inspector general jefe de Servicios de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a partir de la cual el acoso laboral se acentuaría, según explica la exempleada.
Tras presentar diversas alegaciones, este mismo inspector le advertiría que “por las denuncias hechas de mala fe o con datos y testimonios falsos se me podría incoar expediente disciplinario como persona responsable”. Y así fue, un mes después (julio de 2013) sería sancionada, aunque por motivos bien distintos: se le acusaría de no informar de su ausencia durante dos días en mayo, a pesar de que en la fecha citada ya se encontraba de baja médica.
En febrero de 2014 se le abriría un nuevo expediente disciplinario por hechos acontecidos, entre otros, un año antes; hechos que Hernández García niega. La acumulación de estas supuestas faltas de las que fue acusada tendría como fin “engordar el expediente disciplinario”, explica la demandante.
Alguna de las acusaciones incluyen, por ejemplo, haber entrado en la cancillería nueve meses atrás sin el debido permiso fuera del horario laboral. En este sentido, la demandante asegura que nadie le advirtió entonces ni en el Régimen Interior de esta representación diplomática se recoge que sea preciso permiso alguno.
La situación llegó a resultar tan tensa, que Hernández García optó por solicitar en abril de 2013 el inicio del protocolo de actuación frente a acoso laboral, remitiendo su denuncia al subdirector general de Personal. Una denuncia, por otro lado, que terminaría siendo desestimada por el inspector general jefe de Servicios de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a partir de la cual el acoso laboral se acentuaría, según explica la exempleada.
Tras presentar diversas alegaciones, este mismo inspector le advertiría que “por las denuncias hechas de mala fe o con datos y testimonios falsos se me podría incoar expediente disciplinario como persona responsable”. Y así fue, un mes después (julio de 2013) sería sancionada, aunque por motivos bien distintos: se le acusaría de no informar de su ausencia durante dos días en mayo, a pesar de que en la fecha citada ya se encontraba de baja médica.
En febrero de 2014 se le abriría un nuevo expediente disciplinario por hechos acontecidos, entre otros, un año antes; hechos que Hernández García niega. La acumulación de estas supuestas faltas de las que fue acusada tendría como fin “engordar el expediente disciplinario”, explica la demandante.
Alguna de las acusaciones incluyen, por ejemplo, haber entrado en la cancillería nueve meses atrás sin el debido permiso fuera del horario laboral. En este sentido, la demandante asegura que nadie le advirtió entonces ni en el Régimen Interior de esta representación diplomática se recoge que sea preciso permiso alguno.
(Publicado en Público, marzo de 2015)
David Bollero
Periodista freelance
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