La huelga sectorial capaz de parar un país

Recientemente recibí las conclusiones de un estudio realizado por Yeeply, una plataforma de subcontratación de desarrolladores para web y entornos móviles. Los datos eran demoledores: desarrollar una app en España es hasta un 137% más barato que hacerlo en Alemania. ¿Algo necesariamente bueno? En absoluto, aunque nunca faltará a la mesa un neoliberal que parloteé sobre competitividad mientras cualquiera que se aparte del cinismo ve precariedad.

Mientras el precio medio para el desarrollo de aplicaciones en España se sitúa en unos 35 euros a la hora -algo me dice que la realidad es inferior-, en Alemania se paga a 84 euros la hora. Nos encontramos muy por debajo de otros países como Francia (55 euros) o Italia (45 euros). En provincias como Sevilla, la diferencia aún es más marcada, pues la retribución media allí es de 28 euros/hora. El tipo de tecnología también define, encontrando los desarrollos en Android como uno de los peores pagados (27,50 euros), mientras que en iOS Empresa sube hasta los 43,75 euros la hora.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? La explicación es tan sencilla como terrible, porque lo que sucede en el segmento del desarrollo de apps se puede extrapolar al resto del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Ni siquiera me referiré a la deslocalización que se ha dado en este sector o a cómo se paga a programadores expertos como meros picadores de código al peso.

Uno de los mayores males endémicos es la subcontratación con tintes de ilegalidad. ¿A qué me refiero? Esa empresa A que contrata a programadores jóvenes y con talento por un salario mínimo para, literalmente, cederlos a la empresa B. Allí es donde se dirigen cada mañana, cumpliendo los horarios de B, en lugar de A, que es quien realmente los contrató y acatando las órdenes de quien pasa de la noche a la mañala del rol de cliente al de jefe, sin que exista relación contractual de por medio.

Algunos contratos de desarrollo y mantenimiento entre la empresa A y la B pueden llegar a ser por diez años, lo que significa que es posible que el trabajador esté una década sin pisar las oficinas de quien realmente es su empleador.

Pero sin lugar a dudas, lo más esperpéntico es la ausencia de un Convenio Colectivo actualizado que se ajuste a la realidad porque buena parte de las grandes empresas tecnológicas están suscritas al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, que todavía habla de "fichas perforadas". 

Llevan más de ocho años negociando el nuevo convenio sin que parezca que se llega a buen puerto... al menos para l@s trabajador@s, que ven amenazados sus derechos laborales, comenzando por su salario, que en muchas casos lleva esos años congelado sin llegar siquiera a los 10.000 euros brutos anuales, lo que significa rozar los 600 euros al mes.

Esto ha sido posible 'jugando a las categorías' y, como se maneja un convenio tan obsoleto, clasificando a titulados superiores como 'codificadores'. Algún sindicato, incluso, me habló alguna vez de programadores inscritos como 'conserjes'. ¿Qué llegó a estar encima de la mesa en las negociaciones del convenio? Cambiar el 'codificador' por 'programador junior', dicho de otro modo, mismo perro con distinto collar.

Mientras sindicatos como CGT, excluidos de la mesa de negociación, acusan a CCOO y UGT de opacidad en las negociaciones, así como de ceder en beneficio de las empresas, tras la última reunión mantenida el 4 de julio con las patronales AEC y ANEIMO (Accenture, Altran, Atmira, Ayesa, Bilbomática, Capgemini, Cegos, Connectics, Deloitte, DXC Technology, Gfk Emer, Everis, EY, GFI, Hewlett Packard Enterprise, Informática El Corte Inglés, IBM, Indra, IPSOS, Oesía, PwC, Sopra-Steria, Tecnocom, TNS, Unisys, VASS, Viewnext, Worldline,...), los dos sindicatos mayoritarios hablan ya de movilizaciones, de huelga. 

Y, llegado a ese punto, un paro general en el sector de las TIC, con el nivel de subcontrataciones tan extraordinario que existe en España, no es moco de pavo; podría paralizar el país entero: bancos, eléctricas, transportes... La Jungla de Cristal 4 ejecutado, en lugar de por terroristas, por simples trabajador@s que luchan por sus derechos laborales.