Tanto es así que las autoridades tendrían acceso a la 'puerta trasera' de cada uno de los dispositivos conectados a internet, independientemente de que se trate de una tableta, un móvil, una televisión inteligente o un sistema de cocina digital. Paralelamente, el ministro del Interior también pretende que las autoridades puedan apagar los ordenadores de cualquier ciudadan@ si consideran que éste está envuelto en una cibercrisis, como sucede con los botnets.
En caso de que las operadoras o los fabricantes de dispositivos se nieguen a facilitar el acceso, reventando literalmente la privacidad de sus usuarios, el borrador contempla duras sanciones.
Esta noticia es una auténtica aberración para activistas como l@s militantes de organizaciones como el Chaos Computer Club (CCC). Su portavoz, Frank Rieger, cuestiona que los riesgos van, incluso, más allá de la mera privacidad, suponiendo "un ataque frontal contra la seguridad digital y física de todos los ciudadanos". Desde su punto de vista, "el acceso al sistema informático de un automóvil puede significar un peligro para la vida y la integridad física".
Suenan campanas de pesadilla orwelliana en la Alemania desgobernada de Angela Merkel, incapaz de formar una coalición que aporte al Estado la estabilidad necesaria. ¿De veras creen que esta amenaza de escuchas telefónicas por doquier contribuirá a ganar una estabilidad que no logra en el Bundestag?
Alemania ultima su pesadilla orwelliana
Este celo mantenido hasta la fecha choca frontalmente con las últimas revelaciones realizadas por un medio alemán -RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)-, según las cuales el ministerio del Interior alemán estaría moviendo fichas para monitorizar hasta el último de l@s aleman@s contectado a internet.
Según relata RND, el Gobierno de Merkel pretende que tanto las compañías tecnológicas como las de automóviles -con el creciente número de vehículos conectados- faciliten a las autoridades el acceso digital oculto tanto en los coches como en los ordenadores y teléfonos móviles. Los sistemas de comunicación encriptados, los mensajes cifrados y las mayores medidas de seguridad que incorporan los fabricantes de tecnología estarían suponiendo un obstáculo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La intención ya estaría plasmada en un borrador y se hará oficial esta misma semana, en el transcurso de una conferencia en Leipzig. El titular de Interior, Thomas de Maizière, considera que es legítimo reclamar "el deber legal de terceros de permitir la vigilancia secreta". Dicho de otro modo, apuesta porque el Estado tenga carta blanca a la hora de espiar a sus ciudadan@s.
David Bollero
Periodista freelance
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