Trump el destructor
Donald Trump pasará a la historia como uno de los presidentes estadounidenses que más daño ha hecho al medio ambiente. Esta misma semana, su Administración presentó un plan con el que da barra libre a las empresas petroleras y gasistas para que puedan emitir metano (principal componente del gas natural) a la atmósfera sin control, en contra de lo que estableció su predecesor Barack Obama.
La norma viene directamente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo eliminar la obligación federal que actualmente tienen estas empresas de contar con tecnología instalada capaz de detectar y reparar las fugas de gas metano en sus instalaciones de pozos, tuberías y almacenes. Para hacerlo, creará una nueva categoría denominada ‘compuestos orgánicos volátiles’ que pasaría a regularse manera independiente al resto, siendo mucho más laxos. De pasar el periodo de alegaciones y exposición pública favorablemente podría ver la luz a principios del año que viene.
Detrás del movimiento de Trump, enfrascado en plena guerra comercial con China, se esconde el objetivo de permitir a las empresas del país ser más competitivas sin que tengan que realizar inversiones adicionales, aunque ello sea a costa del medio ambiente. De hecho, la propia EPA, a pesar de presuponérsele un papel garantista del medio ambiente, ha asegurado que este plan "elimina las cargas regulatorias innecesarias y duplicadas de la industria del petróleo y el gas".
Desde su óptica, el metano es en sí tan valioso para las industrias que debería ser suficiente incentivo para que se cuidaran de evitar fugas de este gas que contribuyen decisivamente al efecto invernadero. La EPA estima que podría suponer ahorros a la industria petrolera y gasista de enter 17 y 19 millones de dólares al año... lo que parece calderilla si consideramos que el negocio de las petroleras se mueve anualmente en la horquilla de los 100.000-150.000 millones de dólares.
Lo paradójico del asunto es que el grueso de la industria, junto a otros sectores como el automovilístico, se han opuesto frontalmente a este tipo de medidas que van en contra de la lucha contra el cambio climático. No en vano, el metano es el segundo gas que más contribuye al efecto invernadero, por detrás del dióxido de carbono. Y es que aunque permanece menos tiempo que el CO2 en la atmósfera, es capaz de retener 80 veces más calor que éste en los primeros 20 años en la atmósfera. En EEUU el metano supone el 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero y los sectores beneficiados con la nueva norma son, junto con la ganadería y la agricultura, los principales generadores.
Tan solo una mínima parte de la industria se muestra favorable a la medida, por considerar que las inspecciones de fugas de metano son muy costosas. El resto, en especial, las grandes empresas como Exxon, Shell o BP America consideran que esta marcha atrás puede perjudicarles comercialmente. A fin de cuentas, llevan muchos millones invertidos en marketing para transmitir la idea de que el gas natural es la mejor alternativa al carbón, pues emite la mitad de CO2 en su combustión.
Esta medida emprendida por la EPA al dictado de Trump no es más que la punta del iceberg del presidente más dañino para el planeta. En total, desde que el conservador llegara a la Casa Blanca, Trump ha luchado por revocar hasta 84 normativas medio ambientales por considerar que incrementan los costes de las compañías. A ello se suma, además, otros movimientos que le han llevado a permitir perforaciones en el Ártico o medidas que debilitan leyes como las de especies en peligro, entre otras.
La norma viene directamente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo eliminar la obligación federal que actualmente tienen estas empresas de contar con tecnología instalada capaz de detectar y reparar las fugas de gas metano en sus instalaciones de pozos, tuberías y almacenes. Para hacerlo, creará una nueva categoría denominada ‘compuestos orgánicos volátiles’ que pasaría a regularse manera independiente al resto, siendo mucho más laxos. De pasar el periodo de alegaciones y exposición pública favorablemente podría ver la luz a principios del año que viene.
Detrás del movimiento de Trump, enfrascado en plena guerra comercial con China, se esconde el objetivo de permitir a las empresas del país ser más competitivas sin que tengan que realizar inversiones adicionales, aunque ello sea a costa del medio ambiente. De hecho, la propia EPA, a pesar de presuponérsele un papel garantista del medio ambiente, ha asegurado que este plan "elimina las cargas regulatorias innecesarias y duplicadas de la industria del petróleo y el gas".
Desde su óptica, el metano es en sí tan valioso para las industrias que debería ser suficiente incentivo para que se cuidaran de evitar fugas de este gas que contribuyen decisivamente al efecto invernadero. La EPA estima que podría suponer ahorros a la industria petrolera y gasista de enter 17 y 19 millones de dólares al año... lo que parece calderilla si consideramos que el negocio de las petroleras se mueve anualmente en la horquilla de los 100.000-150.000 millones de dólares.
Lo paradójico del asunto es que el grueso de la industria, junto a otros sectores como el automovilístico, se han opuesto frontalmente a este tipo de medidas que van en contra de la lucha contra el cambio climático. No en vano, el metano es el segundo gas que más contribuye al efecto invernadero, por detrás del dióxido de carbono. Y es que aunque permanece menos tiempo que el CO2 en la atmósfera, es capaz de retener 80 veces más calor que éste en los primeros 20 años en la atmósfera. En EEUU el metano supone el 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero y los sectores beneficiados con la nueva norma son, junto con la ganadería y la agricultura, los principales generadores.
Tan solo una mínima parte de la industria se muestra favorable a la medida, por considerar que las inspecciones de fugas de metano son muy costosas. El resto, en especial, las grandes empresas como Exxon, Shell o BP America consideran que esta marcha atrás puede perjudicarles comercialmente. A fin de cuentas, llevan muchos millones invertidos en marketing para transmitir la idea de que el gas natural es la mejor alternativa al carbón, pues emite la mitad de CO2 en su combustión.
Esta medida emprendida por la EPA al dictado de Trump no es más que la punta del iceberg del presidente más dañino para el planeta. En total, desde que el conservador llegara a la Casa Blanca, Trump ha luchado por revocar hasta 84 normativas medio ambientales por considerar que incrementan los costes de las compañías. A ello se suma, además, otros movimientos que le han llevado a permitir perforaciones en el Ártico o medidas que debilitan leyes como las de especies en peligro, entre otras.
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