Coto a los gobiernos que espían

 El CyberPeace Institute (Instituto de Paz Cibernética) ha denunciado la creciente actividad y los escasos controles de empresas que comercializan software espía, a los que llega a calificar de “mercenarios”. Desde este organismo critican duramente que, pese a las excusas por parte de estas compañías de que únicamente venden estas aplicaciones a gobiernos para ayudarles a combatir el crimen y el terrorismo, el número de casos en los que se viola indiscriminadamente la privacidad y se vulneran Derechos Humanos (DDHH) se dispara.

Pegasus, uno de los software espía más extendidos que desarrolla la empresa israelí NSO Group Technologies, tiene en su haber incontables violaciones de DDHH, habiendo sido utilizado por diferentes gobiernos contra periodistas, activistas y cualquier otra persona que, sin suponer una amenaza para la ley, sí eran voces contrarias a esos Ejecutivos.

Tal y como señala el CyberPeace Institute, estas malas prácticas son las que llevaron a WhatsApp a demandar en 2019 a NSO Group, tras asegurar que al menos 1.400 de sus usuarios fueron atacados con Pegasus. Basta una llamada telefónica a través de WhatsApp, incluso sin que ésta sea atendida, para instalar el software malicioso. A partir de ahí, Pegasus se haría con el control completo del teléfono móvil, pudiendo acceder a todo su contenido, geolocalizarlo, utilizar la cámara y el micrófono, etc.

Este es el motivo por el que la presidenta del CyberPeace Institute, Marietje Schaake,  demanda una legislación más restrictiva en el uso de este software espía. Compañías como Microsoft, Google, Cisco y LinkedIn, así como organizaciones como Amnistía Internacional o Access Now se han sumado a la demanda de WhatsApp.

NSO Group es la punta del iceberg de un mercado que mueve 12.000 millones de dólares al año; a la israelí se suman otras compañías que desarrollan este tipo de software, como Gamma Group (Reino Unido-Alemania); Memento Labs, conocida previamente como Hacking Team (Italia); Dark Matter (Emiratos Árabes Unidos) o Intellexa (Chipre), entre otras.

La opacidad con operan este tipo de compañías es absoluta, con la connivencia de los diferentes Gobiernos, pues no debe perderse de vista que para que sea posible un negocio mil millonario han de existir compradores. Para ocultar su rastro, las desarrolladoras de software espía acostumbran a operar con redes de empresas ficticias.

Se cargan las tintas contra gobiernos como el de Vietnam –Amnistía Internacional acaba de iniciar una campaña-, Bahrein, Marruecos o Arabia Saudí (con el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi como ejemplo), pero también están en cuestión el uso del software espía que realizan gobiernos considerados más democráticos. De hecho, el Citizen Lab canadiense, elaboró una investigación en 2018, llegando a detectar el software espía hasta en 45 países:

Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Grecia, India, Irak, Israel, Jordania, Kazajstán , Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, México, Marruecos, Países Bajos, Omán, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zambia.

Más recientemente y en respuesta a un requerimiento de la ONU, el Citizen Lab revelaba como hasta 25 países serían clientes sólo de NSO Group a través de sus numerosas empresas pantalla, utilizando el software espía para vulnerar la privacidad de periodistas, rivales políticos o activistas de DDHH, dentro y fuera de sus fronteras. El organismo canadiense es claro al afirmar que “los gobiernos, incluidos los Estados que generalmente se consideran respetuosos de los derechos y con un Estado de Derecho adecuado, también pueden implementar estas tecnologías en ausencia de transparencia pública y marcos legales apropiados calibrados a la naturaleza intrusiva de estas tecnologías”.

España no escapa de la mancha del uso de software espía sin transparencia ni control. En 2015 y después de que fuera hackeado el hackeador, se reveló que tanto el CNI como la Policía Nacional fueron clientes de la italiana Hacking Team, precisamente, en tiempos de las cloacas del Estado con Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior, hechos que aún están investigándose en sede judicial.