Pasaporte COVID a la exclusión

La ONG Access Now, dedicada a la defensa de los derechos digitales, ha encendido las luces de alarma ante la inminente puesta en marcha del pasaporte COVID, que desde gobiernos como el de España se está impulsando.  En un reciente informe titulado Protocolo de exclusión: Por qué los “pasaportes” de la vacuna contra el COVID-19 amenazan los derechos humanos, Access Now destaca los riesgos que supone, no sólo para la privacidad y seguridad de millones de personas, sino también la ventana que se abre a la exclusión y la discriminación. La propia OMS (Organización Mundial de la Salud) se opone a esta fórmula, alertando de cómo se aislará a los más pobres.

No es casual que los países como España, que más dependen del turismo, sean los que más impulsan este tipo de salvoconductos digitales. El objetivo principal es salvar la economía pero, al hacerlo se privilegia a ciertos grupos sociales en detrimento de otros. La desigualdad en el acceso a las vacunas por una mera cuestión económica no sólo está creando ciudadanos de primera y de segunda en todo el mundo, sino que está extendiendo el riesgo global para la salud, como demuestran variantes como la sudafricana o la india, en cuya generación el escaso acceso a las vacunas que existe en esos países tiene mucho que ver.

La libertad de movimientos quedará restringida para un elevado porcentaje de la población mundial. No sólo eso, sino que incluso internamente en los países se producirá situaciones de discriminación en el acceso a los servicios. Como destaca el informe, ya está  sucediendo en países como Dinamarca o Israel, en los que para acudir a un bar, una peluquería, al dentista o al cine es preciso contar con uno de estos pasaportes COVID.

Más allá –aunque no es un tema menor- de que se está realizando una vacunación obligatoria encubierta (o te vacunas o te quedas sin acceso a los servicios), incluso quienes sí quieran vacunarse podrán quedar excluidos. Varias organizaciones están alertando ya en España de la exclusión sanitaria que se está dando en nuestro país, dejando fuera de la vacunación a colectivos vulnerables. Con el pasaporte COVID, además de estar más expuestos al coronavirus, sufrirán la discriminación social impidiéndoles acceso a servicios. Sobre quienes más han sufrido las peores consecuencias de la pandemia será donde más riesgos de exclusión caerán con el pasaporte COVID.

La privacidad amenazada

Access Now comparte también su preocupación por el modo que se recopilarán y procesarán masivamente todos estos datos de salud, abriendo nuevos riesgos a la privacidad de las personas. Tal y como expone en su informe, los sistemas centralizados de identidad digital conllevan riesgos de vigilancia, elaboración de perfiles, exclusión, violaciones de la privacidad y amenazas de ciberseguridad.

La directora adjunta legal de Access Now, Carolyn Tackett, indica que “los gobiernos de todo el mundo se están apresurando a implementar nuevas tecnologías como la solución general para volver a la normalidad tras la pandemia. Sin embargo, en su precipitación, muchos han descartado o ignorado los riesgos de estas herramientas de seguimiento rápido, incluidos los certificados digitales de vacunación”.

Además de garantizar una vacunación universal, una de las primeras medidas que reclama la ONG es aumentar la transparencia sobre este tipo de herramientas digitales, permitiendo las auditorías tanto de su diseño como de su implantación. No parece muy coherente confrontar la voluntariedad de las vacunas con la obligatoriedad de entrar en estos nuevos sistemas de identidad digital centralizados que pueden vulnerar Derechos Humanos (DDHH).

En cuanto al acceso a los servicios, Access Now tiene claro que la privacidad y protección de los datos personales han de garantizarse, velando porque existan cláusulas de caducidad y periodos estrictos de retención de datos. Los temores de que la implantación de pasaportes COVID sirva para ampliar la vigilancia y restringir derechos fundamentales como el de reunión o libre circulación ya se han puesto encima de la mesa. El propio gobierno español, según destaca el informe, al tiempo que ha asegurado que estos salvoconductos digitales respetarán escrupulosamente la legislación sobre protección de datos ha afirmado que compartirá estos datos sensibles con otros socios europeos.