Amnistía de Moreno Bonilla a terratenientes ricos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), nos vende que los pozos ilegales de regadío que pretende legalizar en el parque natural de Doñana riegan las explotaciones de humildes agricultores. Esa idea choca frontalmente con las dos querellas conocidas en la última semana contra el extorero El Litri y la Casa de Alba, acusados de explotar acuíferos clandestinos.

Hace una semana, El País destapaba la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla contra el exmatador Miguel Báez El Litri, acusado de haber extraído ilegalmente más de 2.000 millones de litros de agua durante cuatro años. Hasta cuatro pozos ilegales habría utilizado el extorero para regar su olivar de 360 hectáreas.

A la luz de la querella, El Litri quiso lucrarse a costa del medio ambiente; uno de tantos negacionistas que compró una finca de secano al norte de Doñana y la reconvirtió a regadío, pese a que el régimen de precipitaciones de la zona lo desaconsejaba. Daba igual, ¿a quién le importa eso pudiendo explotar ilegalmente acuíferos? Se cambian los cultivos de cereal de antaño y se planta el equivalente a 500 campos de fútbol de olivo superintensivo y listo, a hacer caja (unos cuatro millones de euros, según los expertos).

Ahora acabamos de conocer una querella similar contra la Casa de Alba por nada menos que ocho pozos clandestinos en una finca de naranjos. La explotación de 200 hectáreas se encuentra junto a Doñana y llevaría beneficiándose de estos pozos al menos una década, sólo en la última campaña se estima un consumo de más de 300 millones de litros. La familia resta importancia a los hechos, a pesar de que la explotación de estos acuíferos ha impactado determinantemente en el parque natural.

Como sucede con los otros acuíferos clandestinos en Doñana o con la explotación ilegal de centenares de pozos ilegales en la Axarquía, que han llevado a Málaga a una situación límite, organizaciones como WWF o Ecologistas en Acción llevan años denunciando los hechos, pero la Justicia ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo, hasta que el daño ha sido irreparable.

El poder de este tipo de terratenientes es muy grande y pese a nadar en la abundancia son auténticos acaparadores de ayudas públicas para sus explotaciones. No hay compensación posible para Doñana y la cuenca del Guadalquivir por sus malas prácticas. Además, las multas económicas acostumbran a ser muy inferiores a los beneficios de explotación que obtienen. Dicho de otro modo, delinquir compensa, al menos a los que más tienen… tanto, que incluso hay gobernantes como Moreno Bonilla que pretenden amnistiarlos.  

En esencia, los planes de legalización de la Junta de Andalucía a los regadíos ilegales del entorno de Doñana es eso, una amnistía de delitos medio ambientales con los que hay personas que se han llenado los bolsillos. Tal amnistía no debiera producirse y, en caso de demostrar judicialmente tales delitos, las sanciones económicas deberían ser ejemplares, vetando a dichas explotaciones de la posibilidad de acceder a más ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo que estuvieron esquilmando recursos naturales. Su enriquecimiento ya nos ha condenado a situaciones críticas para el consumo de agua y el efecto dominó que desencadena en la cadena alimentaria.