PP y Vox se disfrazan de víctimas mientras atacan la democracia

Las derechas se presentan como víctimas de un Golpe que no se ha producido, de una ley de amnistía que ni se ha tramitado y que, en caso de hacerlo, contará con el aval de partidos que suman más representación democrática que PP y Vox juntos. Son auténticos depredadores de la democracia, tirándose a su cuello sin escrúpulos para desangrarla en su propio interés. Dicen sentirse intimidados, amenazados, pero campan a sus anchas, incluso violando la ley impunemente. Quizás hay que comenzar a utilizar sus mismas armas.

PP y Vox están desatados. La idea de volver a tener un gobierno progresista que avance en políticas sociales les saca de sus casillas. Es eso y no la medida de gracia que pueda tenerse con las personas participantes en el procés lo que hace que pisen la calle más que nunca. Lo hacen en libertad, sin que nadie los reprima, sin que nadie siquiera aplique la Ley Mordaza que la derecha precisamente aprobó. Ni siquiera en las concentraciones sin notificación previa ante las sedes del PSOE se aplica escrupulosamente la ley, dando manga ancha a los y las manifestantes -Esperanza Aguirre incluida-, muchos de ellos aclamando a Franco.

A pesar de ello, a pesar de que son las sedes socialistas las que están siendo vandalizadas y los dirigentes progresistas insultados públicamente, las derechas insisten en presentarse como víctimas. En esta ofensiva conservadora, la separación de poderes ha vuelto a constatarse que ha volado por los aires. PP y Vox acusan a Pedro Sánchez de hacer precisamente eso con la posible amnistía, a pesar de que esta fórmula -que aún no ha llegado- se contempla en nuestra misma Constitución. La derecha, en cambio, ya ha traspasado todos los límites, con injerencias intolerables de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato hace cinco años que caducó y, por tanto, desprende tufo a ilegalidad.

PP y Vox no son víctimas, más bien al contrario y no se les debiera permitir retorcer la libertad hasta romperla. Manifestarse no es intimidar, no es vandalizar y mucho menos desplegar una estrategia de lawfare como el juez García Castellón hizo ayer al atribuir cargos de terrorismo al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por las protestas de Tsunami Democràtic, atribuyéndoles un muerto por infarto. Un disparate.

Nuestra democracia y la vanagloriada Constitución tienen mecanismos suficientes para detener cualquier abuso de poder. La derecha no confía en ellos, sencillamente, porque no confía en que la democracia beneficie a sus intereses. Ya lo vimos en la anterior legislatura, cuando tanto PP como Vox no dudaron en tachar de ilegítimo al Gobierno resultante de unas elecciones generales. Ahora quieren volver a hacerlo, con una hinchada crecida que lanza proclamas franquistas y añoran tiempos del siglo pasado, en los que, como ahora, la derecha no aceptó lo que el pueblo soberano había votado.