Coacción jurídica selectiva

No bloquearon ninguna vía ni infraestructura pública. No zarandearon vehículos de la Guardia Civil. Tampoco asediaron el domicilio particular de una presidenta autonómica, con sus hijos menores aterrorizados por la turba en el exterior. Sencillamente, se descolgaron por la fachada de un edificio y modificaron la pancarta publicitaria de una cadena de comida rápida para protestar por el apoyo de ésta a la matanza que está cometiendo Israel en Gaza. Y fueron detenidos.

Tal y como relata con un amplio reportaje fotográfico el compañero Álvaro Minguito en El Salto, el pasado domingo varias organizaciones encabezadas por Sindicatos de Vivienda se han descolgado para llamar al boicot de la cadena de comida rápida McDonald’s con una gigantesca bandera palestina y un impactante “Llámame McGenocidio”. Esta era la protesta contra las donaciones de comida y sustanciales descuentos del 50% que está ofreciendo McDonald’s Israel a los soldados y agentes de seguridad del país desde que Benjamin Netanyahu comenzó el genocidio.

Aunque desde EEUU la compañía se ha desmarcado de esa campaña alegando que es responsabilidad de la propietaria de la franquicia en Israel, ésta no parece ser explicación suficiente. Cuando una marca apoya un genocidio, y eso es innegable que sucede en Israel, sale caro. No es la primera vez que McDonald’s apoya una ocupación ilegal que vulnera los derechos humanos, ya lo hizo en el Sáhara Occidental invadido por Marruecos al abrir una tienda en El Aaiún.

Así las cosas y sumándose a la necesidad de actuar contra el genocidio que ejecuta Israel, en contraste con la pasividad complicidad internacional, diversos colectivos se manifiestan y llaman al boicot de quienes apoyen la matanza. Casi 30.000 gazatíes asesinados, la mitad de ellos niñas y niños, no sólo justifican, sino que reclaman medidas de este tipo para acabar con la impunidad que disfruta Tel Aviv.

Este acto de protesta terminó con la detención de los activistas, acusadas de desórdenes públicos. Y, claro, es inevitable mirar a la tractorada. ¿Cómo es posible que en las decenas de tractoradas no autorizadas que han bloqueado las principales vías de comunicación de múltiples ciudades no se hayan producido detenciones y, en muchas de ellas, ni siquiera sanciones administrativas? ¿Cómo es posible que ni siquiera en el escrache que se produjo en el domicilio de la presidenta Navarra María Chivite hubiera detenidos? Durante las tractoradas no comunicadas hemos visto apedrear a guardias civiles y mover sus vehículos ante la pasividad de los agentes de la Benemérita, que después negociaban cierres alternos de las autovías, pese a tratarse de movilizaciones no autorizadas.

El agravio comparativo es obvio y, lógicamente, demanda una explicación. ¿Por qué los activistas del boicot a McDonald’s no fueron sencillamente identificados para posterior sanción administrativa? ¿Por qué fue necesario llevárselos detenidos y esposados? Ni un solo manifestante de las tractoradas ha aparecido esposado en los medios de comunicación, pese a haber protagonizado incidentes mucho mayores, con barricadas incendiadas incluidas.

¿A qué se debe este doble rasero, a la causa por la que se protesta o a las personas que protagonizan la protesta? Lo que parece evidente es que no se debe al número, puesto que otras manifestaciones masivas –y autorizadas- de movimientos de izquierda su número no ha sido obstáculo para que el calor negro –como llaman los antidisturbios a dar rienda suelta a la porra- y las detenciones se sucedieran. Es preocupante, mucho, comprobar que al hecho probado de que en España la justicia no es igual para todos y todas, tampoco lo es el hecho previo, el ejercicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su coacción jurídica selectiva.

(Artículo en Público)