Qué es y qué no una cacería personal

Corría el año 2014 y 33 jueces catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Catalunya, algo que no fue del agrado del Gobierno de España, liderado por Mariano Rajoy (PP). Eran los tiempos de las Cloacas del Estado y no tardó en dejarse notar, no sólo con la filtración de los DNI de los togados, publicados en un infame artículo en La Razón, sino negándose en redondo a investigar tal filtración y vulneración de derechos fundamentales. Hoy sabemos que, efectivamente, la cúpula policial hizo y deshizo a su antojo por orden del ministerio que encabezada Jorge Fernández Díaz (PP).

La publicación de La conspiración de los 33 magistrados soberanistas en el diario que dirige Francisco Marhuenda fue una prueba más de las grietas de nuestra democracia, especialmente cuando gobierna el PP. El hecho de que el periódico tuviera acceso a aquellos DNI y cometiera el delito de publicarlos de manera impune –junto a los juzgados en los que trabajaban y sus ideas políticas- dibuja nuestro sistema como uno incompatible con la defensa de derechos fundamentales.

El archivo de la denuncia interpuesta por los magistrados afectados impidió que se investigara los hechos. Entonces, no hubo concentraciones de togados a la puerta de los Juzgados, ni comparecencias en defensa de sus compañeros cuya privacidad fue pisoteada. Nada. Tras buscar el auxilio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), se vislumbró algo de justicia al fin.

El TEDH volvió a sacar los colores a nuestro Poder Judicial –son demasiadas veces ya para tener confianza en su pulcritud- y condenó a España por no proteger el derecho a la privacidad de los jueces catalanes. El alto tribunal europeo constató la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y determinó que los DNI procedieron de la base de datos policial. No investigar debidamente esa filtración supuso para el erario público afrontar el pago de una indemnización de 4.200 euros por daños morales y 3.993 por costas y gastos para cada uno de los 20 magistrados que presentaron la demanda ante la Corte europea.

Ahora, 14 de aquellos togados han interpuesto una nueva denuncia tras conocer la existencia de unas grabaciones made in Villarejo en las que el que fuera Director Adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y el entonces comisario y responsable de la brigada de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban, admiten haber borrado de la base de datos policial la búsqueda que realizaron de los DNI para filtrarlos después a La Razón.

Aquel atropello que vuelve ahora a los tribunales forma parte de la Operación Catalunya que orquestó el gobierno de Mariano Rajoy, utilizando los recursos del Estado al margen de la ley para satisfacer sus intereses y los del PP. Entenderán ustedes que a la luz de los hechos expuestos uno se carcajee de Isabel Díaz Ayuso cuando califica de “cacería” a su persona la denuncia de la Fiscalía contra el empresario Alberto G. A. –que es su pareja- por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se victimiza y acusa al aparato del Estado y a La Moncloa de estar detrás de esta denuncia. Como cabía esperar, además, las páginas web de desinformación que financia el Gobierno que lidera Ayuso, esto es, todos y todas las madrileñas, vierten estas mismas acusaciones, a pesar de estar probado que las investigaciones se iniciaron dos años atrás y que, desde entonces, el empresario –ahora también comisionista sin escrúpulos- no ha sido capaz de justificar de manera convincente su fraude fiscal.

Parece mentira que un partido político experto, precisamente, en utilizar el aparato del Estado en interés propio, una formación que ha admitido abiertamente desde el Gobierno su capacidad para afinar cuestiones en la Justicia, retuerza la separación de Poderes de ese modo tan mezquino y selectivo. El Poder Judicial tiene ahora una oportunidad doble de mitigar el descrédito que se ha labrado en los últimos años, por un lado, investigando y condenando a los responsables y participantes en la Operación Catalunya que ha retraído a España cincuenta años atrás. Por otro, haciendo pagar a defraudadores fiscales y comisionistas oportunistas del dolor y la muerte, se llamen Koldo o Alberto.

(Artículo en Público)