Boicot masivo al empresariado español en el Sáhara Occidental

Hoy Marruecos cometerá una nueva infamia. Esta tarde, a las 17:30 horas en Madrid, celebra el Foro Empresarial España-Marruecos con el fin de atraer las inversiones del empresariado español al Sáhara Occidental ilegalmente ocupado. Lo hace, además, con la complicidad de la Cámara de Comercio de Madrid y el aval tanto del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tal y como se expresa en la misma página web de la Cámara de Comercio de Madrid, el acto se centra en la ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros, como era conocida cuando el Sáhara era la Provincia 53 de España. Según describe el organismo, "la región de Dakhla [escribirlo así no es casual, es la versión marroquí] destaca por su potencial en pesca, turismo, agricultura y energías renovables, convirtiéndola en un destino estratégico para la inversión, especialmente para la empresa española". 

La pregunta es obvia: si la abogada principal del Tribunal de Justicia Europeo acaba de ratificar la sentencia que prohíbe el Acuerdo de Pesca entre Marruecos y la Unión Europea por considerar que el régimen de Mohamed VI decide sobre un territorio, el Sáhara Occidental, que no le pertenece, ¿cómo es que ahora Marruecos llama a invertir en esa región en beneficio propio?

Resulta absolutamente lamentable que tanto desde el Ayuntamiento de Madrid como desde la Comunidad de Madrid se apoye un acto cuyo objetivo es premiar al invasor y su enriquecimiento explotando el territorio ilegalmente ocupado. Eso es, en esencia, lo que hacen Ayuso y Almeida al avalar este acto. ¿Acaso avalarían también un acto organizado por la embajada rusa animando al empresariado español a invertir en los territorios ucranianos invadidos? La respuesta es tan obvia que sorprende la pregunta y así debería suceder con el Sáhara Occidental. 

Por otro lado, y en lo que se refiere al empresariado español que sucumba a la tentación de invertir en el Sáhara Occidental de la mano de Marruecos, haría bien en tomar conciencia de lo que hace y a lo que se expone. En primer lugar, legitimar con sus inversiones una invasión ilegal que día a día comete crímenes de lesa humanidad es abominable. Hacer negocio a costa de los derechos humanos y el sufrimiento del pueblo saharaui es intolerable. 

No serían lo primeros en dejarse seducir por los encantos del trato de favor que dispensa Mohamed VI a quien le ayuda a legitimar su ocupación ilegal. Este mismo año ya lo hizo el empresario andaluz José María Rossell Recasens, dueño de la cadena hotelera Senator Hotels & Resorts, que en el pasado FITUR anunció la apertura de su Senator Babilonia en Dajla.

En segundo lugar, y esto nos lleva a las consecuencias a las que se exponen tanto Rossell como el resto de empresarios que se enriquezcan con este dinero manchado de sangre: boicot. La sociedad civil española siempre ha estado por encima de la Corona y de cualquier gobierno democrático que hayamos tenido. Así debe ser en esta nueva afrenta. Animo a dar a conocer los nombres de quienes asistan a este acto, cuyo aforo está completo, pues su mera presencia es un gesto de aprobación a la sistemática vulneración de la legalidad internacional y de los derechos humanos saharauis por parte de Marruecos. 

Si alguno de ellos pretende hacer negocio con ese sufrimiento, la sociedad civil tendría que dar donde más duele: cada euro manchado de sangre que ganen en Dajla, será euros menos que facturen en España. El boicot ha de ser masivo, contundente y publicitado, haciendo un señalamiento en toda regla de quienes se posicionan oportunistamente del lado del agresor, del criminal.