Los olvidados de la DANA en Andalucía

 Cristina Quicler / AFP

Con una nueva DANA de alto riesgo en Andalucía sería conveniente no caer en errores pasados. A diferencia de lo sucedido el pasado 29 de octubre, cuando en Málaga teníamos alerta roja de AEMET –como esta semana-, la Junta de Andalucía sí ha decidido activar el sistema Es-Alert para avisar a la población a través de sus teléfonos móviles. En eso, al menos, hemos avanzado; sólo en el caso malagueño, la negligencia anterior se saldó con millones de euros en daños y una persona fallecida. Asimismo, haría bien el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en prestar atención a los colectivos más vulnerables. En la pasada DANA, no lo hizo.

Las copiosas precipitaciones de finales de octubre se trasladaron de Málaga a Huelva. Allí, impactó de pleno en los campamentos de migrantes temporeros que malviven para recolectar la fruta que consumimos. Imaginen: si estas personas ya han de recorrer kilómetros para conseguir agua potable sin la amenaza de riadas, cómo será su día a día tras el paso de una DANA devastadora.

Personas como los temporeros de Huelva tienden a ser olvidados en el día a día, no sólo por las Administraciones Públicas, sino por la opinión pública en general. Forman parte de esos colectivos necesarios cuyas condiciones de vida agreden nuestras conciencias y, en lugar de reaccionar para favorecer un trato más humano, los ignoramos. Con todo, es obvio que quien tiene en su mano cambiar estas condiciones de vida tan precarias son las Administraciones, que jamás han hecho lo necesario.

Pues bien, si en condiciones normales estas Administraciones orillan a los y las temporeras migrantes, no resulta complicado deducir que cuando las calamidades se extienden al resto de la población por fenómenos como lluvias torrenciales automáticamente se esfuman del radar de los gobiernos. La mejor prueba de ello fue la cobertura de The New York Times el pasado 1 de noviembre de la DANA en España.

En su reportaje, José Antonio Bautista and Lynsey Chutel, que son los periodistas que firman la noticia, hablaban con temporeros de Huelva, relatando cómo el agua entraba en sus chabolas precarias. Preguntada la Junta de Andalucía por el periódico estadounidense, éste relata como si bien es cierto que el gobierno de Moreno Bonilla reconoció la vulnerabilidad de los y las temporeras, se sacudió la responsabilidad de su inacción afirmando que no le había sido notificado ningún incidente.

La falta, no ya de empatía, sino de un mínimo de humanidad y, muy especialmente, del deber que se le presupone como gobierno autonómico es absoluta. Los de Moreno Bonilla no tienen en cuenta dos causas fundamentales por las que, quizás, no se les notifican incidentes. En primer lugar, la misma precariedad en la que viven habitualmente estas personas migrantes que, incluso, utilizan garrafas vacías de productos químicos para recolectar el agua para consumo propio.

El Relator de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, ya denunció cómo España estaba fallando a las personas más vulnerables. Alston quedó consternado al ver las condiciones en las que habitualmente viven los temporeros y temporeras de la fresa en Huelva, afirmando que “España es un país muy rico, que se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos". Han pasado cuatro años desde aquella denuncia pública. Todo sigue igual. Resolver esta situación es competencia de los tres niveles de Administración –central, autonómica y local-, pero quien en mitad de la desgracia ha hecho gala ahora de una nauseabunda indiferencia ha sido la Junta de Andalucía.

La segunda de las causas por las que, quizás, no se notificaron incidencias trasciende a la pobreza y falta de recursos y enganchan directamente con el racismo y la xenofobia latentes en nuestro país, también institucional. Víctimas de redadas raciales y siempre a expensas de los caprichos de algunos patronos que sacan tajada de su vulnerabilidad, ¿de veras creen que estas personas migrantes se iban a poner una diana en la frente ellas mismas ante las autoridades que, por costumbre y en el mejor de los casos, las ningunea?

Quizás el portavoz de la Junta de Andalucía que respondió a mis compañeros de The New York Times pensó que con esa contestación el gobierno de Moreno Bonilla salía bien parado. No es el caso; de hecho, refleja a la perfección el proceder usual de la Junta de Andalucía con estos asentamientos que, por lo general, recuperan en pleno siglo XXI a los barracones de esclavos negros que recogían algodón en el siglo XVII en EEUU. La máxima de no news, good news de Winston Churchill es una patraña como la copa de un pino, por mucho que Moreno Bonilla se aferre a ella interesadamente. Especialmente con los colectivos más vulnerables, nuestros gobiernos –en los tres niveles de Administración- han de hacer gala de una proactividad que, hoy por hoy, está ausente. 

(Artículos en Público)

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