El software libre, inasequible al desaliento

 

Han pasado muchos años desde que el software libre y de código abierto (open source) se popularizaran, en gran parte, por haber conseguido traspasar la barrera del usuario final y haberse introducido en las Administraciones Públicas. Vaya por delante que no es lo mismo software libre y código abierto (open source): libre no tiene por qué implicar gratuidad y open source puede ser más restrictivo en sus licencias. En ambos casos, eso sí, se permite acceder al código de programación, por lo podría decirse que el software libre es código abierto, pero no todo el open source tiene por qué ser libre. En España, uno de los casos más sonados de software libre fue el de gnuLinex en Extremadura, una distribución del sistema operativo Linux que llegó a utilizarse en miles de puestos de la Administración extremeña. Sin embargo, aquel empuje inicial no ha tenido el éxito esperado y, haciendo espóiler, no es un problema de la tecnología, sino de voluntad política.

gnuLinex no fue un caso excepcional en España; poco a poco se fueron sumando otras comunidades autónomas con iniciativas similares, como Castilla La Mancha con MoLinux, con idéntico destino. No todo terminó en fiasco, hay iniciativas que siguen activas, aunque son mucho menos ambiciosas que la extremeña, pues básicamente se circunscriben al ámbito educativo. Eso sí, con sus altibajos, siguen activas las apuestas open source de Catalunya con Linkat, Madrid con MAX (MAdrid_LinuX), Andalucía con Guadalinex y el sistema EducaAndOS o Comunidad Valenciana con LliureX.

Más allá de la diversificación de esfuerzos porque cada comunidad quiere tener su propio sistema operativo –algo que se da de bruces con la filosofía de software libre-, como veíamos con Mi Carpeta Ciudadana, existen más motivos por los que la Administración española parece haber renunciado al software de código abierto.

La Free Software Foundation Europe (FSFE) lleva desde 2001 trabajando intensamente para facultar a los usuarios a controlar la tecnología, empoderando en lugar de restringiendo nuestras libertades. Su posicionamiento es muy claro: “el software libre otorga a todos (individuos, empresas, organizaciones y Administraciones Públicas) el derecho a usar, comprender, estudiar, compartir y mejorar el software. Estos derechos respaldan otras libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de prensa y la privacidad”.

Con esa premisa, esta organización sin ánimo de lucro apunta que de cara a la Administración Pública “el software libre supone mayor sostenibilidad gracias a la reutilización del código existente y la posibilidad de compartir tanto el código como los costes con otras instituciones”. Siendo así, ¿por qué no es mayor la apuesta por esta tecnología?

La FSFE identifica varias barreras al respecto, comenzando por una visión cortoplacista. Por lo general, el deseo de obtener ahorros de costes inmediatos termina generando frustración y el progresivo abandono de las iniciativas. A largo plazo, el software libre no sólo resulta más rentable, sino que otorga a las Administraciones la oportunidad de sacudirse la dependencia de un cada vez más reducido número de suministradores de software. Sin embargo, hasta llegar a ese punto, es preciso invertir, especialmente, en personal cualificado.

El lobby del software propietario, no podemos obviarlo, es muy poderoso, hasta el punto de que las licitaciones no favorecen en modo alguno al software libre. Según la FSFE, bastaría con “licitar soluciones en lugar de licencias de software o incorporar  los puntos fuertes del software libre en los pliegos de contratación”, pero rara vez se da el caso. Además, es habitual la tendencia vendor lock-in, es decir, las sucesivas prórrogas de los contratos con un único proveedor, lo que impide la entrada del software libre.

Las dependencias técnicas del software propietario incluyen la compatibilidad e interoperabilidad con software de terceros, pues no siempre se apoyan en estándares abiertos. Como ejemplos de ello la FSEF destaca “los formatos de archivo de documentos que sólo son legibles por un producto específico, el contenido de las bases de datos no convertibles a formatos de la competencia, o la obligación de comprar una actualización de software excesivamente cara para poder acceder a los archivos y recibir actualizaciones de seguridad”.

El resultado de esta postura, sumado a la compleja gestión del cambio que implica una migración a otro tipo de software, ha derivado en muchos casos en que las Administraciones Públicas se anclen a un determinado software heredado o legacy, como se conoce en el argot, que a la postre supone gastar más dinero e impide el aprovechamiento de algunas de las últimas tecnologías.

Antiguamente, la Administración General del Estado publicaba el Informe REINA en el que detallaba el gasto informático con un nivel de detalle que desglosaba, incluso, los sistemas operativos utilizados en cada ministerio. Ya no; el último informe publicado se refiere a 2021 y ya no incorpora esa información. Algo parecido sucede con el Informe IRIA, referido a la Administración Local, cuya última edición recoge datos de 2020. Por si esto no fuera poco, en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 la única mención que se hace al open source es la creación de una App Factory, esto es, un servicio de factoría para el desarrollo de aplicaciones móviles (apps) con una comunidad de desarrolladores open source que contribuya a poner a disposición del ciudadano un marketplace de apps de la Administración, al estilo de Google Play para Android o el App Store para iOS. El objetivo del Plan es que al menos el 50% de todos los servicios públicos digitales estén accesibles a través del móvil a finales de 2025.

A pesar de todo, la FSEF sí detecta que en los últimos años se han producido cambios significativos en la actitud de las Administraciones Públicas, adoptando un enfoque estratégico orientado al largo plazo. Quizás por temor al golpe de Estado tecnológico al que me refería hace unas semanas y a la necesidad de huir de dependencias, “un número creciente de países ha implementado hojas de ruta o legislación que apoyan el uso de licencias de software libre en el sector público”. España ha de dar un paso al frente en ese sentido.

En cualquier caso, sigue faltando voluntad política, tal y como evidencia el hecho de que el pasado verano, la Comisión Europea decidiera reducir el apoyo económico a la iniciativa Next Generation Internet (NGI). Desde la FSEF señalan que aquel gesto puso de relieve un problema más amplio: “la falta de financiación pública motivada y sostenible para los proyectos de software libre”. KDE España, grupo de desarrolladores y contribuidores al proyecto KDE que desarrolla software libre, también se sumó a la carta dirigida a la Comisión Europea para que revirtiera la decisión. La FSEF es una firme convencida de que “la estrategia digital de la Unión Europea (UE) solo alcanzará su máximo potencial si se basa sistemáticamente en el software libre”.

Ahora, en plena vorágine de la Inteligencia Artificial (IA) se cierne el peligro una vez más del software propietario que, en este caso, oculte los algoritmos dejándonos expuestos a numerosos riesgos de sesgos de todo tipo. El Gobierno de España lanzó recientemente ALIA, presentada como la primera infraestructura pública europea, abierta y multilingüe (castellano y las lenguas cooficiales) de IA, albergada en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración con IBM, heredera de una amplia cultura open source tras la adquisición de Red Hat en 2019 por 34.000 millones de dólares. Tanto empresas como desarrolladores o investigadores pueden hacer uso de este conjunto de modelos que han sido entrenados con más de 25.000 millones de parámetros, pudiendo adaptarlos a diversas aplicaciones específicas. ALIA ya cuenta con dos proyectos: por un lado, un chatbot para la Agencia Tributaria para atención al contribuyente y, por otro, una herramienta para el diagnóstico temprano de insuficiencias cardíacas, de cara a apoyar a los profesionales de Atención Primaria.

Ese es el camino. Tal y como concluye la FSEF, “la IA, como el resto de la tecnología, debería ser software libre y más si está promovida por una Administración Pública”. 

(Artículo en Público)